La Secretaria General de la Gobernación Escribana Noelia Canteros en diálogo con Mariana Horianski para STO Radio 90.5, se refirió a la falsificación y posible adulteración de instrumentos públicos, que llevaron a la venta irregular de automotores del estado a terceros en la provincia del Chaco.
Junto a su equipo, la Secretaria General de la Gobernación, dieron inicio a una auditoría en diferentes áreas, “Mi jurisdicción aparte de tener las unidades de servicio de apoyo y administrativas que tienen todas las jurisdicciones, tiene áreas que son de control y fiscalización del resto de las jurisdicciones, como es el caso de la Dirección de gestión de bienes que tiene a cargo la registración y fiscalización de todo el patrimonio de la provincia, incluyendo inmuebles, bienes muebles registrables, automotores y moto vehículos”, relató y expuso “Nos encontramos con algunas situaciones que nos fueron llamando la atención, ya que hay un área que se denomina ‘Departamento de Rezagos’ que es la que recepciona los informes de las distintas jurisdicciones cuando, por ejemplo, un ministerio entiende que un vehículo que tiene a su cargo ya no se encuentra en condiciones de circular o prestar servicio. Entonces lo pasan a rezago, que es un departamento, en el cual se toma conocimiento, se deposita en un galpón, los galpones están habilitados a ese efecto, pero se procede a la baja de ese vehículo y se lo pone a disponibilidad. Es decir, se generan unos lotes de bienes y se los subasta. Ese es el proceso normal”.
Dio a conocer que se encontraron con inconsistencias en los registros del Departamento de Rezagos y con lo que contaban en los diferentes depósitos, “Empezamos a ahondar un poco más de dónde se encontraban estos vehículos, avanzamos con la investigación, pedimos informe incluso al seguro que tiene contratado la provincia, hicimos un pedido de informe al registro de automotor, y ahí nos encontramos con la situación de que esos bienes, no solamente no estaban, si no que estaban inscriptos a nombres de terceros”.
“Verificando nuevamente, si existían instrumentos que hayan generado esa disponibilidad, en las áreas nos informan que no existe tal instrumento”, exhibió y agregó “No hay un decreto que haya dispuesto su baja, u ordenado la subasta y por supuesto no figura la autorización para hacerlo, ni el proceso que se haya efectivizado, ni que el estado haya percibido por la venta de esos bienes, porque en una subasta se verifica la cuenta oficial de la provincia en la cual el adquiriente deposita la suma por la cual adquiere el bien. No teníamos registro de ninguna de estas situaciones, entonces nos encontramos con lo que inicialmente podría ser un desvío administrativo, es decir, una falla en la registración a lo mejor, un retardo en las registraciones pertinentes, con una situación mucho más compleja y mucho más grave que podía implicar, no una simple falla en un proceso administrativo, si no en una conducta delictiva”.
Por lo tanto, indicó que con el informe de la auditoría ya cerrado, “Lo que hicimos fue hacer la presentación ante la mesa informatizada del Poder Judicial, que por sorteo deriva la causa a la fiscalía n° 6 del Dr. Villalba y aparte las presentaciones ante la fiscalía de investigaciones administrativas y el Tribunal de Cuentas para ponerlos en conocimiento de esta situación”.
La funcionaria especificó “Nuestra auditoría estaba centrada en los últimos cinco años, y en ese proceso identificamos más de 260 vehículos, entre camionetas y autos en general. Estamos iniciando otra auditoría para avanzar con moto vehículos” y clarificó “Comprende a diferentes jurisdicciones”.
Informó que por el momento no calculan el perjuicio que genera al estado “Creo que poner hoy un número es prematuro. Tenemos que ver la situación de valor de esos bienes y una serie de acciones complementarias que pueden haber afectado al estado, por ejemplo la cuestión de seguro. Y ver si hay alguna otra situación que vaya apareciendo. Estamos esperando los avances de la investigación, que seguramente el fiscal tiene muchas otras medidas que disponer e informes que recabar a efectos de determinar con exactitud de qué daños estamos hablando”, y añadió que es necesario determinar quiénes lo realizaron y en qué fecha.
Explicó que el proceso de transferencia de este tipo no es simple “Al transferir un automotor, no cualquier persona se puede presentar y decir ‘vengo a vender este auto en nombre del estado’, conlleva una serie de documentación, y procesos que involucran a distintos registros de automotores que seguramente no se trata solamente de la intervención de algún empleado desleal o infiel para con la administración pública, si no con la intervención de un grupo de personas que seguramente son externos y han participado en este proceso”.
Afirmó que esta causa da inicio a una investigación en el fuero Contencioso Administrativo Federal y exhibió “Esa es la presentación que Dr. Veleff hizo, que es el interventor de un registro de propiedad del automotor donde tenemos automotores registrados. Teniendo en cuenta la aplicación de la ley nacional de registro del automotor y como él tiene a su cargo un registro que es de dependencia nacional, efectuó la presentación ante la fiscalía federal”.
“El Dr. Veleff viene más o menos a explicar nuestra presentación, que planteaba una posible transferencia indebida porque no contábamos con instrumentos que justifiquen esa transferencia. Él planteó que observó documentos adulterados que se utilizaron para generar esas registraciones” agregó y remarcó “Es una situación mucho más compleja de lo que nosotros habíamos observado”.
Para finalizar subrayó “Los bienes del estado son de todos, están para prestar un servicio, generar alguna actividad que se considera esencial, y perder un vehículo no puede tomarse a la ligera y deben adoptarse todas las medidas necesarias”.
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