La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este lunes con dureza a la Fiscalía de la causa “Vialidad”; afirmó que incurrió en “mala praxis” para sostener una “fantasía” y aseveró que la acusación quedó “fulminada” ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.

“Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz”, sostuvo su abogado Carlos Beraldi en el comienzo del alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

En la primera de las tres jornadas de la exposición que inició este lunes, el defensor sostuvo también que la ex Presidenta soportó “arbitrariedades insólitas” por parte de la Justicia.

“Las irregularidades no sólo tuvieron como destinataria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner o a esta defensa, sino que, incluso, superando todos los límites, se dirigieron hacia su familia”, advirtió.

Beraldi aludió “específicamente hacia su hija que, como todos sabemos, nunca desarrolló ninguna actividad política, pero eso no fue ningún óbice para que se la estigmatizara, se la atacara y se quebrantara su salud”.

Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la defensa sostuvo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola incurrieron en “mala praxis” con hechos “escandalosos” y construcción de una “fantasía”.

Luego la Vicepresidenta dijo en Twitter: “Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

Los abogados analizaron los mecanismos para la adjudicación de partidas presupuestarias para obra pública, el rol del Congreso Nacional, la ley de Presupuesto y, en base a la prueba que dijeron se produjo en el juicio, calificaron de “escandalosas” las acusaciones fiscales.

El debate seguirá mañana desde las 9 y para la segunda jornada del alegato Beraldi anticipó que se abocará a otro “hecho escandaloso que la Fiscalía construyó con mentiras y calumnias”, en referencia al bautizado operativo “limpiar todo”, que, según los fiscales, se habría puesto en marcha cuando el expresidente Mauricio Macri ganó las elecciones.

“Si todo lo que vieron hasta aquí era un escándalo, en el plan ‘limpiar todo’ verán la mentira que dijo la Fiscalía en este punto”, anticipó el defensor sobre el tema que abordará en la audiencia de mañana.

Durante la jornada de hoy, la defensa de la Vicepresidenta sostuvo que los acusadores intentaron sostener una “fantasía” vinculada a que en el kirchnerismo se “hacía un Presupuesto para que gane Lázaro Báez” a la hora de adjudicar obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

“No bajamos los brazos en ningún momento”, remarcó Beraldi, y destacó que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio”, porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”, y fue “falsa y sin fundamentos”

A lo largo de siete horas de alegato, entre las 8 y las 15, los defensores recordaron y exhibieron en pantalla a través de la plataforma Zoom tramos de declaraciones de testigos, entre ellos, del presidente Alberto Fernández, quien fue Jefe de Gabinete.

El objetivo fue demostrar que la asignación de partidas para la obra pública es potestad del Congreso Nacional a través del Presupuesto.

“La Fiscalía dijo algo que realmente es una fantasía, que el Congreso tenía facultades marginales”, agregó Beraldi sobre la confección del Presupuesto Nacional y la asignación de obra pública en el país

El letrado advirtió que “todo esto nos conduce a que lo que se probó es la mala praxis en la que ha incurrido la Fiscalía” .

También mostró tramos de la declaración indagatoria que brindó la Vicepresidenta al inicio del debate oral, cuando remarcó que “corresponde al Congreso fijar anualmente el Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al programa general del Gobierno”

La ex Presidenta no se conectó a la audiencia que se realiza de manera remota, ya que está exceptuada por razones de agenda.

La Presidencia de la Nación “fija los lineamientos políticos generales”, agregó el abogado en relación al Gobierno nacional. Al respecto, poco antes destacó que los gobiernos tienen distintas prioridades y “del 2003 al 2015 pusieron como su prioridad la inversión pública”.

También recordó que se trata de una decisión de “carácter político no judiciable”, y mostró el tramo de la declaración como testigo del presidente Fernández, en la que ratificó ese concepto, y de otro exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

“No hay ninguna norma sobre la asignación de recursos para obra pública en relación a número de habitantes”, dijo Capitanich cuando pasó como testigo en relación a uno de los argumentos de la acusación vinculado con la densidad demográfica de Santa Cruz, en contraste con la cantidad de obra pública nacional que se adjudicó.

Beraldi remarcó en base a los testimonios que “no existe ninguna norma que ponga límites al poder político para distribuir partidas presupuestarias”.

Al iniciar su exposición, el defensor evaluó que la acusación fiscal quedó “fulminada” por las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio por el supuesto direccionamiento de 51 obras en Santa Cruz a favor del también acusado dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

La acusación es “falsa y sin fundamentos”, agregó, y cuestionó la “persecución” a la Vicepresidenta.

“Es perseguida cinco veces por el mismo delito”, sostuvo por las causas abiertas en su contra por supuesta asociación ilícita y remarcó que la defensa juega “un partido en cancha inclinada”.

“La prueba destruye cada uno de los cargos de los fiscales, añadió. “No bajamos los brazos en ningún momento”, reiteró Beraldi, y destacó que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio”, porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”.

El abogado destacó además que “desde el inicio de este proceso y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes”.

El objetivo era, agregó, “demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros tenemos afirmado”.

“En esa tarea que fue muy ardua, que empezó hace seis años, no bajamos los brazos en ningún momento”, aun “cuando tuvimos que soportar, no consentir, soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país ni creo que en el mundo”, subrayó Beraldi.

Ejemplificó que la Vicepresidenta fue citada “en un mismo día a prestar ocho declaraciones indagatorias”, al recordar una decisión del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

Tras casi tres años de debate oral, dijo, “quedó demostrado” que las acusaciones “carecían de verosimilitud”, pese a lo cual en nueve jornadas de alegato la Fiscalía “repitió las mismas acusaciones” y actuó “como si el juicio no hubiese existido”

“Escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la Fiscalía tiene es contundente y va en relación al peso a la cual se le adjudica un tonelaje de tres toneladas”, aseveró.

Beraldi dijo que su carrera profesional comenzó mucho antes de asumir la defensa de la Vicepresidenta: “Nunca en mi vida he escuchado semejantes disparates, de los cuales es difícil volver”.

Beraldi y su colega Ary Llernovoy desarrollaron una defensa técnica basada en el repaso desde 2008 de las denuncias presentadas contra Cristina Kirchner y, además, remarcaron que los hechos que se ventilan en este juicio fueron juzgados en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción. En esa provincia hubo dos causas: una se cerró con sobreseimientos y la otra por inexistencia de delito, recordaron.

En este juicio se debaten presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz de 2003 a 2015, como adjudicaciones supuestamente direccionadas en un 80% a empresas de Báez, posibles sobreprecios y falta de controles.

Telam