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La Corte Suprema declaró inconstitucional la desregulación del Gobierno a los precios de las prepagas

Publicado en 3 min de lectura

La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el gobierno de Javier Milei había eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para legislar mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La decisión fue adoptada en un amparo contra Swiss Medical SA iniciada por una afiliada que cuestionó los aumentos aplicados por la empresa luego de la entrada en vigencia del DNU.

En su presentación, MB explicó que estaba adherida al plan SM02 y que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, la cuota había aumentado un 110%: pasó de $136.161,21 a $301.218,02. Sostuvo que, de haberse mantenido el esquema de regulación anterior, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

La mujer reclamó que se dejaran sin efecto los aumentos dispuestos por Swiss Medical a partir del decreto presidencial.

En primera instancia, el amparo había sido rechazado. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tanto Swiss Medical como el Estado Nacional apelaron ante la Corte Suprema.

Al analizar el planteo, los jueces del máximo tribunal retomaron su doctrina sobre los límites constitucionales para que el Poder Ejecutivo dicte normas de carácter legislativo mediante DNU.

En ese sentido, recordaron que la Constitución admite esa posibilidad únicamente bajo condiciones de “rigurosa excepcionalidad” y cuando exista una situación que impida recurrir al trámite legislativo ordinario o una urgencia de tal magnitud que resulte incompatible con los tiempos normales de sanción de una ley.

Con ese criterio, la Corte concluyó que los artículos cuestionados del DNU 70/2023 no superaban el control de constitucionalidad.

“De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”, señalaron los jueces.

El fallo cuestionó que el Gobierno hubiera fundamentado la desregulación en la existencia de una supuesta crisis del sistema sanitario y en la necesidad de incrementar la competitividad mediante la liberación de los precios.

Para la Corte, esas explicaciones resultaron insuficientes: “Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”.

Los magistrados también remarcaron que no alcanza con invocar una emergencia de manera general, sino que es necesario explicar por qué cada una de las medidas adoptadas resulta indispensable para enfrentarla.

En particular, señalaron que el decreto no explicó cuál era la relación concreta entre la emergencia económica y social invocada y la decisión de eliminar las facultades estatales para controlar los aumentos de las prepagas.

“Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”, sostuvo la sentencia.

En otro tramo del fallo, la Corte advirtió que no se puede recurrir a un DNU simplemente porque resulte más rápido o conveniente que el procedimiento parlamentario.

“Cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son”, afirmó. Y agregó: “El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

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