La relación de Cristina con el sindicalismo fue tradicionalmente pendular y por momentos, tensa. Como Presidenta sostuvo en su primer mandato la alianza que Néstor Kirchner había trabado desde 2003 con Hugo Moyano pero la rompió en 2012 y sólo la reanudó en la campaña electoral de 2019. Con la CGT su vínculo fue históricamente reducido y marcado por la desconfianza, y la respuesta de sus referentes estuvo en esa sintonía con algunas pocas excepciones como en el caso de Gerardo Martínez (Uocra). En cambio con la CTA de los Trabajadores hubo plena concordancia desde siempre. Sobre la base de esas preferencias la vicepresidenta eligió sus postulantes electorales de extracción sindical: tres de espacios disidentes de CGT, Palazzo, Vanesa Siley (judiciales de Sitraju), Walter Correa (curtidores), y el propio Yasky.

Cristina también pivoteó sobre sus aliados del gremialismo a la hora de incidir en la política de ingresos, al promover y celebrar aumentos salariales que nominalmente podían presentarse por encima de los generados bajo los parámetros del Gabinete económico de Alberto Fernández. En 2021 y este año lo hizo de arranque al convalidar incrementos para el personal legislativo –bajo su órbita junto con la de Sergio Massa- antes del inicio de cada ronda de paritarias.