El Gobierno Nacional denunció hoy a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”, según se informó oficialmente.

“Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial.

Según se precisó, en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas al juez federal Julián Ercolini; al integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola y al titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.

A ellos se suma el actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.

Por otra parte, se acusó por el ofrecimiento de dádivas al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre,
cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín,
Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo
empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no
identificadas.

Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la
comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del
magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras
actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la
Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por
privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas,
dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene,
además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una
afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la
ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es,
esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos,
constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno
Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los
implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo
constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello,
agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones
indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la
independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción
por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante
hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces
y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.

Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Soria contiene un pedido de tener al
Estado Nacional por parte querellante: “gran parte de los sindicados como autores
de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la
nación. En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516
faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la
ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza
del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la
facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con
el ministerio público”.

Telam