El debate sobre los programas sociales y su administración sigue en el centro de la escena después de las declaraciones del lunes de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las que pidió que “la aplicación de políticas sociales deje de estar tercerizada”. A sus palabras, y la posterior defensa que hizo el presidente Alberto Fernández de las organizaciones sociales, este miércoles se sumó una reunión que ella tuvo en el Senado con el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le acercó una propuesta “para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”, y que, según contó la propia CFK, también fue presentada al ministerio de Desarrollo Social. Entre los intendentes del conurbano, tanto de la oposición como del oficialismo, no hay una posición unificada. Los opositores salieron rápido a cuestionar a los movimientos sociales. Entre los oficialistas, en cambio, plantean que el desorden que hay con los planes sociales se generó durante el gobierno de Mauricio Macri.

Martín Insaurralde, intendente en licencia de Lomas de Zamora y jefe de gabinete de Axel Kicillof, expresó que “hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los Municipios. Hay que construir un Estado fuerte, eficiente, transparente”. Para algunos intendentes consultados por este diario, muchos de los problemas actuales vinculados a los planes sociales se generaron durante el macrismo, cuando se dio de alta a muchos beneficiarios sin ningún tipo de control. Eso, indican, permitió que se generen situaciones de clientelismo y pérdida de los registros por parte de los municipios.

Insaurralde resaltó que “los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los Municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina”. También agregó que “llegó la hora de debatir el Salario Universal” y que “las políticas sociales no pueden ser discrecionales. El mayor éxito de la Asignación Universal por Hijo es justamente la universalidad”. Por último, recordó que Argentina Trabaja “fue un programa muy exitoso que lanzó Néstor y continuó Cristina”. “Nuestra convicción es que los programas sociales tienen que tener una contraprestación y control del estado, eso es lo que estamos discutiendo”, opinó.

El proyecto que Zurro le presentó a CFK y al ministerio de Desarrollo Social propone un cambio de régimen de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y que algunas cosas queden a cargo del municipio como, por ejemplo, un pago adicional mensual a los beneficiarios; la asignación de tareas y capacitaciones; control de asistencia y de las altas y bajas según cumplimiento y el pago de aporte para acceso a la Obra Social. Además, proponen una firma de convenio entre la Municipalidad y IOMA para afiliación voluntaria de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, afrontando el costo el estado municipal.

El problema, comentaron algunos intendentes del conurbano a este diario, es que no es lo mismo un municipio pequeño como Pehuajó, que tiene unos 300 beneficiarios del plan, que otras localidades de provincia de Buenos Aires que tienen unos 20 mil beneficiarios. “Si en municipios grandes le damos un adicional de dinero a cada beneficiario puede significar un colapso de las cuentas”, explicaron.

Los intendentes de la oposición aprovecharon la ocasión tratando de llevar agua para su molino. Bajo discursos estigmatizantes en contra de quienes reciben ayuda del Estado, reclamaron hacerse cargo de todos los planes sociales. Néstor Grindetti, de Lanús, expresó que “el Estado nacional debe girar las partidas a los municipios con la nómina de beneficiarios y las administraciones locales deben asignarles una tarea, controlar el presentismo y el cumplimiento de las actividades con incentivos. De esta manera, se elimina la intermediación”. En esa línea, el intendente macrista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, explicó a este diario que “los planes no deberían tener intermediarios. Deberían tener un sistema de rendición de cuentas y de auditoría más claro. Estoy del lado de una descentralización de los planes“.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, forma parte de los movimientos sociales y su opinión sobre el tema es distinta a la de los demás intendentes. En diálogo con Página/12, explicó que lo que no aclaran sus pares es que “todos los municipios ya tienen su unidad de gestión”, es decir, ya manejamos distintos planes, como el Potenciar Trabajo. “El planteo sería, en todo caso, sacarle a la UTEP los afiliados, no sé qué es lo que quieren hacer”, resaltó. En esa línea, agregó que para ella “se está errando en el análisis. Es una equivocación pensar que los movimientos sociales se organizan a través de los programas sociales”. “Si lo que quieren es saber cuántos planes hay en el municipio se pueden sentar con el secretario de Economía Social y charlar, pero no es de esta manera. Esto es un diálogo violento en el que acusan a los trabajadores de la economía popular de ser vagos”, dijo.

Fernández indicó que muchas de las personas que componen la economía popular son víctimas de un sistema que los excluyó luego de los procesos de privatización que se dieron a fines de los 90 y que “hay un problema con nuestra dirigencia que no tiene vínculo con los sectores populares y tienen mucho desconocimiento”. “Aveces es fácil ver a los humildes como subordinados o como delincuentes, nunca como el pueblo que se organiza”, expresó. Por último, opinó que “sería interesante que en lugar de poner el énfasis en la organización de los más pobres se ponga el foco en cómo se está subsidiando a las empresas que trabajan para solo aumentar sus ganancias y no generan puestos de trabajo”.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, también expresó su postura en diálogo con Página/12. Para él “las generalizaciones nos llevan a cometer injusticias porque hay organizaciones con muchísimo trabajo social y responsabilidad. Lo que sí tiene que haber es control por parte del Estado“. Para Gray, la situación se desordenó en la última etapa del gobierno macrista porque “iba cualquier organización, cortaba la calle y venían a los municipios llenos de planes, sin ningún tipo de control, sin ninguna contraprestación y sin siquiera saber los municipios quiénes eran los beneficiarios”.

“Cuando estaba Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social había un programa de cooperativas que inició Néstor con el que los intendentes estuvimos de acuerdo. Ese programa se llevó adelante, en la órbita del ministerio de Desarrollo Social, y había una organización con un Estado muy presente.Hoy los intendentes queremos saber quiénes son los beneficiarios porque los municipios sabemos dónde están las prioridades“. Para Gray, “los que reciben el plan son trabajadores, pero el Estado no controla. Como municipio digo que trabajemos junto con las organizaciones. Hay que ver por partes, hay que sentarse, hablar mucho y organizarnos sin pelear, porque esta es una discusión muy importante que tenemos hacia adelante”.