En Charata, funcionarios del Ministerio de Seguridad se reunirán con los intendentes de Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, General Pinedo, General Capdevilla, Gancedo, San Bernardo, Hermoso Campo y la comuna anfitriona, que conforman la Región N° 8, en el marco del proceso de regionalización y ordenamiento territorial de las políticas públicas.
La ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar encabezará este miércoles en Charata, una asamblea con intendentes de la Región Administrativa N°8, conformada por los Municipios de Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, General Pinedo, General Capdevilla, Gancedo, San Bernardo, Hermoso Campo y la comuna anfitriona, con el objetivo de fortalecer acciones de seguridad, en articulación con los municipios, como parte del proceso de regionalización y ordenamiento territorial de las políticas públicas.
Los encuentros se realizan en forma periódica para presentar el abordaje de la situación delictiva de cada localidad, analizar y buscar soluciones conjuntas a problemáticas específicas.
El objetivo de estas reuniones que se desarrollarán en el resto de las regiones a lo largo del año, es enriquecer la planificación de políticas públicas y optimizar los recursos. En el último mes se realizaron en Villa Berthet y Resistencia con intendentes de las regiones 9 y 10, respectivamente. Al igual que en esas ocasiones, participarán representantes de la cúpula policial, funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, y autoridades municipales.
Para la asamblea de este martes, están invitados los intendentes de Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo, General Capdevilla, Gancedo, San Bernardo y Hermoso Campo. El Ministerio de Seguridad presentará el mapa que indica dónde tiene incidencia cada tipo de delito, con el abordaje que se realiza desde la Jefatura de Policía y las diferentes subsecretarías.
Intendentes de municipios que ya asistieron a dichas reuniones han destacado la convocatoria, porque permiten evaluar la realidad de cada localidad, y conocer las acciones en materia de prevención y persecución del delito que realiza el Poder Ejecutivo provincial.