La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves “un protocolo para el mantenimiento del orden público” con el objetivo de asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos.

Bullrich anunció en una presentación pública que todas las fuerzas federales van a intervenir para garantizar la aplicación del protocolo.
“Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes”, aclaró Bullrich, quien pidió a los efectivos provinciales que actúen “en las zonas de sus competencias para tener un verdadero trabajo en común”.

“Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada en proporción a la resistencia”, detalló la ministra, quien apuntó que “serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar los vehículos, a sus conductores utilizados y se van a registrar todas las infracciones administrativas y penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito”.

A su vez, aseguró que la vigilancia se extenderá a las estaciones de trenes: “Para aquellas personas que vayan con tipo de material que tiene que ser incautado, sean palos, sean caras tapadas (sic) o sean formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad”. “Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente”, explicó y enumeró “bloqueos de calles”, “personas que vienen con un plan social” y “sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa”.

La funcionaria señaló que el Servicio Penitenciario Federal pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad y su personal participará de los operativos, por lo que se prevén penas de prisión a quienes protesten en la vía pública. En ese sentido, se presentará un proyecto de ley acorde al artículo 194 del Código Penal, que contempla condenas de entre 3 meses a 2 años en la cárcel.