Un informe presentado por Unicef reveló que siete de cada diez niños viven en condiciones de pobreza en la Argentina. Sumado a esto, la indigencia infantil aumentó de manera considerable, llegando al casi 20%. Al respecto, son alrededor de 8,6 millones los menores de 18 años que viven en hogares que no alcanzan el umbral mínimo de ingresos económicos o en entornos donde se ven privados de sus derechos; mientras que más de 600 mil cayeron en la indigencia.
Según los datos recopilados para el segundo semestre del 2023, la pobreza infantil se presenta en dos dimensiones. La primera comprende que el 57,5% de los niños experimentan pobreza por recursos económicos. La segunda, que el 43% enfrenta pobreza por privación de derechos fundamentales como la educación y la salud. Un 31% de los menores experimentan ambas formas de pobreza simultáneamente, afectando a 3,8 millones de niños.
El informe destacó el impacto del deterioro macroeconómico en el aumento de la pobreza y la indigencia. “La canasta básica aumenta en mayor proporción que los índices de inflación general y que los salarios”, afirmó Sebastián Waisgrais, economista especialista en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina, poniendo en evidencia la necesidad de medidas urgentes para proteger los ingresos de los hogares y mejorar la cobertura de las prestaciones sociales.
En cuanto a la indigencia infantil, en el último semestre del año pasado aumentó un 5%, alcanzando así el 19,4%. “Es la primera vez que vemos un incremento estadístico muy importante en la indigencia”, advirtió el economista. Esto significa que 643 mil niños más cayeron en la indigencia.
Los datos muestran que hay diferencias significativas dependiendo la ubicación geográfica, el género y nivel educativo. En esa línea, la pobreza infantil en barrios populares alcanza un 84%; mientras que la brecha según el género es de 63% entre niñas y un 50,8% entre los varones. Además, la pobreza en hogares con bajo clima educativo ascendió a 83%, en hogares monomarentales a 68% y en aquellos que residen en barrios populares a 84%.
Otro dato alarmante es que el presupuesto nacional destinado a niñez muestra una caída del 75% en términos reales. “El presupuesto 2024 asigna $3,66 billones a las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes con una estructura programática similar a la de 2023, pero adecuada a la nueva estructura ministerial. Con este presupuesto vigente se proyecta para 2024 una caída del presupuesto transversal del 75% en términos reales respecto del presupuesto devengado en 2023, o el equivalente a 1,37pp del PIB”, indica el informe.
“De no ampliarse las partidas del presupuesto transversal de niñas, niños y adolescentes, necesariamente se observará una pronunciada disminución en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país”, continúa el estudio.
Además, sostiene que eso implicaría el incumplimiento a la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley Nº 26.061), “que en su Artículo 72 establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia, y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores”.
Ante este escenario, Waisgrais resaltó la importancia de mantener y fortalecer las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares. “Si bien hubo señales positivas en este sentido, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones”, subrayó