El Gobierno nacional eliminó los derechos de exportación, comúnmente conocidos como retenciones, para algunos productos agroindustriales. A su vez, redujeron en un 25% los cargos que recaían sobre distintas cadenas de carne como las bovina, aviar, entre otras.

La decisión se hizo efectiva a través de la publicación del Decreto 697/2024 en el Boletín Oficial y alcanza a los productos de la categoría vaca, a excepción de animales vivos, cuya codificación sea A, B, C, D y E, y a los productos de la cadena porcina. Todo esto tiene como objetivo dotar al sector de una mayor competitividad e impulsar la proyección internacional para productos de alta demanda mundial.

El decreto incluye la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscilaba entre 4,5% y 9%. Hasta la publicación de la normativa, este impuesto se encontraba temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Ahora, tras su eliminación, se espera que los procesos de la industria tengan una mayor previsibilidad para aumentar su productividad e inversiones.

En ese misma línea, se implementó una reducción del 25% en retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%. Para el Gobierno, las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a los granos y tienen un impacto federal masivo, puesto que los productos alcanzados por este decreto se producen en todas las provincias de nuestro país.

Tal como indica el considerando, uno de los objetivos que tiene esta medida es, por un lado, “asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional” y, por otro, “promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales”. Ambos son uno de los puntos centrales del Código Aduanero.

Señalaron que “la medida persigue el objetivo de promover un incremento en las ventas a mercados externos, mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores, así como de su red de interacción, fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región del país, además de propender a mejorar la calidad de los productos”.

Esta decisión se enmarcan en un proceso de desregulación, baja de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites en el control comercial.