El rector de la UNNE, Omar Larroza participó de la rúbrica del acuerdo con la AGN, a partir del cuál se realizarán informes especiales, capacitaciones y otras actividades y productos sobre la gestión de las universidades nacionales nucleadas en este Consejo Interuniversitario Nacional. Las rectoras y rectores reiteraron también la preocupación por la situación salarial de los trabajadores y pidieron una urgente recomposición salarial, “a través de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión que las universidades públicas tienen”.

Encabezado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, un grupo de más de 30 autoridades superiores, rubricaron un convenio marco de cooperación con la Auditoría General de la Nación (AGN), en pos de fortalecer el sistema de control de gastos de las casas de estudio, a fin de asegurar mayor transparencia y mejor calidad de educación.

La rúbrica se concretó este miércoles 7 de agosto, y entre los representantes universitarios participó el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza. La AGN estuvo representada por el auditor general, Juan Manuel Olmos.

Según se comunicó luego desde el CIN, el plan de trabajo entre ambos organismos propone realizar informes especiales, capacitaciones y otras actividades y productos, sobre la gestión de las universidades nacionales nucleadas en este Consejo. El fin es contribuir con la eficiencia, la eficacia y la efectividad de las casas de altos estudios y colaborar con la transparencia y la publicidad de la gestión universitaria.

“A horas del aniversario de los 30 años de la autonomía universitaria con rango constitucional, nos ha parecido importantísimo generar vínculos con el ente al que rendimos cuentas”, dijo luego el presidente del CIN y destacó este “importante” convenio de cooperación.

Valoró también la importancia de trabajar en 3 ejes: “el de auditoría integral que generalmente la AGN les hace a las universidades, un eje de publicidad de la ejecución que van realizando las universidades nacionales, y también ir generando auditorías por temas, por tipos de gastos, que le dé más transparencia a la ejecución del dinero público”, explicó.

“Sin ningún lugar a dudas, más control es mejor educación”, concluyó Moriñigo en un mensaje difundido por las redes sociales del CIN.

Preocupación por la situación salarial

En tanto, en reunión del Comité Ejecutivo del CIN, las rectoras y rectores de universidades nacionales analizaron la realidad del sistema educativo superior y emitieron un comunicado en el que reiteran “enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario público”. Lamentan también “expresiones del Ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene”.

“Del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y nodocentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las más distintas disciplinas”, señala el texto.

Aseguran allí que “la situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica, con especial énfasis para trabajadoras y trabajadores de menor antigüedad, ya que desde diciembre de 2023 no se ha actualizado la garantía salarial.

En relación al comunicado del Ministerio de Capital Humano respecto al incremento salarial del 71 por ciento otorgado de diciembre a julio de este año, señalan que “es cierta la afirmación” allí contenida, aunque “lo que no dice es que, en el mismo período de tiempo, la inflación fue superior al 120 por ciento, por lo que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 por ciento del total del personal”.

“Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables. Y esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión”, afirman.

El comunicado continúa: “A este crítico escenario se suma la situación de la docencia de los colegios preuniversitarios del sistema, que sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Y todo esto agudiza gravemente la crisis que atraviesan las obras sociales universitarias, que deben enfrentar cuantiosas erogaciones por el excesivo incremento de costos, pero no perciben ingresos que permitan recomponer el desfasaje producido”.

“Como es evidente, las consecuencias de este proceso son múltiples y muy preocupantes. Naturalmente, la pérdida del poder adquisitivo impacta significativamente en la calidad de vida de las y los trabajadoras y trabajadores de las universidades y ello, consecuentemente, compromete su dedicación y compromiso, lo que amenaza con afectar áreas fundamentales de la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza”, advierten.

Recuerdan también que “durante todo el primer semestre hemos advertido responsablemente la gravedad de la situación con la expectativa de encontrar respuestas que eviten dificultades en el funcionamiento de nuestras instituciones. El pasado 4 de julio, el CIN y las representaciones gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles manifestamos en conjunto nuestra alerta. Sin embargo, lamentamos que, a pesar de la sostenida advertencia, no se haya decidido aún ni siquiera garantizar con sistematicidad el normal funcionamiento del ámbito paritario nacional, de manera de tener un espacio que permita abordar el problema e imaginar soluciones posibles”.

“Ante esta situación, reiteramos nuestro reclamo. Es necesaria una recomposición salarial urgente, a través de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión que las universidades públicas tienen”, refuerzan las autoridades universitarias.

Rectoras y rectores nucleados en el CIN hacen también “un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a unirse en este pedido e invitamos a todas las universidades del sistema a declarar, a través de los órganos competentes, la crisis y la emergencia salarial”.

“La educación superior es un derecho y la herramienta más importante para resolver los problemas que el país tiene. Lo ha dejado en claro la sociedad en su conjunto el 23 de abril del presente año y esperamos que esa manifestación colectiva se escuche en su justa magnitud”, afirman.

Finalmente, “invitamos a las autoridades nacionales a trabajar conjuntamente con la comunidad universitaria para encontrar soluciones sostenibles a esta problemática. Este Consejo pone toda su disposición y esfuerzo, una vez más, para esa tarea”, concluye el documento público del 7 de agosto de 2024.