El Gobierno Nacional publicó el veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de querer “dañar al gobierno políticamente” y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas.

Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei avanzó anoche con el rechazo a la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. La medida era respaldada por una buena parte de la sociedad civil.

El texto publicado en el Boletín Oficial señala que “el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”. Además, denuncia que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

En otra parte del documento, el Gobierno justifica el veto para “limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.

Y agrega: “la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”