El Gobierno Nacional rechaza pedidos de Gobernadores por el Presupuesto 2025

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Luego del zoom del miércoles por la noche de los jefes provinciales con jefes de bloque de Diputados, el Gobierno rechaza modificar el Presupuesto 2025

Rechazo frontal: “El déficit cero no se negocia”. La Casa Rosada endurece su postura y no parece dispuesta a ceder luego del zoom de gobernadores dialoguistas que reclaman un menú de 5 puntos en la negociación por el Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados.
Sin embargo el Poder Ejecutivo Nacional no tiene previsto convocar a sesiones extraordinarias si no hay un apoyo previo de los gobernadores al proyecto de Presupuesto confeccionado por La Libertad Avanza y que no incluye las demandas de las provincias en relación a fondos de la coparticipación, coparticipación del impuesto a los combustibles y el pago de la deuda de Nación con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas, entre otros ítems.
Luego del apoyo casi incondicional de los gobernadores a los proyectos del Ejecutivo en el Congreso incluyendo el sostenimiento del veto a la ley de movilidad jubilatoria, a la ley de financiamiento a las universidades, la aprobación de la ley Bases y la defensa del decreto 70/2023 en la Cámara de Diputados, la oposición dialoguista del PRO y la UCR, a través de sus mandatarios provinciales, también levantó una sesión especial donde se iba a limitar el alcance y vigencia de los DNU, el principal instrumento de gobierno de Javier Milei ante la minoría parlamentaria que ostenta en ambas Cámaras.
Pero ese sumario de gentilezas no fue suficiente y la Casa Rosada, después de todos esas muestras de fe de los gobernadores, por ahora los deja sin Presupuesto 2025. En el oficialismo estiman que el costo fiscal de los pedidos de las provincias ronda los u$s4.000 millones y no están dispuestos a ceder en esos reclamos puntuales de las provincias.

Reclamo de los gobernadores

En el zoom de anoche entre jefes de bloque y los gobernadores del PRO, la UCR y los partidos provinciales, se resolvió designar a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y a Alfredo Cornejo (Mendoza) como interlocutores con Francos y Caputo. Pero la mesa de negociación que plantean los mandatarios provinciales empezó torcida ante el rechazo preliminar de la Casa Rosada al menú de demandas de las provincias:

  • Financiamiento del déficit de las cajas provisionales provinciales no transferidas de acuerdo con los pactos fiscales. El Gobierno , por ahora, no se mueve de los $254 millones asignados.
  • Financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal 2017
  • Eliminar las afectaciones especificas del impuesto a los combustibles cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, están subejecutados. Pretenden que se coparticipen
  • Reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA)
  • Coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos

Desde la óptica de los gobernadores, la aprobación del Presupuesto 2025 es crucial no solo para las provincias sino también para el gobierno nacional. Mauricio Macri considera que el apoyo del PRO fue determinante para la sostenibilidad política del ajuste fiscal y permitió consolidad la baja de la inflación, del riesgo país y la estabilidad cambiaria. Los gobernadores aliados no solo padecen la asfixia financiera derivada de la caída de la actividad que deriva en la baja de la recaudación sino que también deberán enfrentar un año electoral en plena expansión territorial de La Libertad Avanza.

Sin convocatoria a sesiones extraordinarias, que solo puede ser realizada por el Presidente quien además es el encargado de fijar la agenda parlamentaria, la oposición se queda sin herramientas de presión y/o negociación política. La sesiones ordinarias finalizan el miércoles de la semana próxima.

Por eso Encuentro Federal de Miguel Pichetto, y los radicales de Democracia para Siempre, donde están los diputados de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Nadir (Jujuy), solicitaron una sesión especial para intentar voltear el DNU que autoriza al gobierno nacional a avanzar con el canje de deuda sin autorización del Congreso.

 

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