La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este viernes la detención arbitraria de Nahuel Gallo, agente de la Gendarmería Nacional Argentina, por parte del régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela, calificándola como un “crimen de lesa humanidad” en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Y exigió “que el régimen de Venezuela cumpla con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y relaciones internacionales; que certifique y garantice su seguridad física; que provea garantías de asistencia legal y contacto con su familia; y que libere inmediatamente a Nahuel Gallo”.
El gobierno de Argentina también reiteró este viernes su reclamo a Venezuela para que libere a Nahuel Gallo, luego de que en las últimas horas se difundieran imágenes del gendarme detenido desde el 8 de diciembre.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo que el gobierno de Javier Milei no aceptará “ningún juego de una aparición de una foto en un lugar desconocido, sin sonido y sin fecha”. En la noche del jueves medios argentinos publicaron una foto y un breve video en el que se observa presuntamente a Gallo caminando en un recinto sin techo pero cerrado que no es identificable.
“Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas: dan pruebas de vida”, añadió.
Este jueves, Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la detención del gendarme y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte medidas cautelares ante este caso.
Este viernes, la CIDH emitió la Resolución 1/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Nahuel Agustín Gallo, ante la falta de información oficial sobre su paradero. El organismo señaló que el gendarme argentino “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia”.
Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina (policía de frontera), ingresó el 8 de diciembre al territorio de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander para dirigirse al estado venezolano de Táchira (oeste), con el propósito de visitar a su pareja, con quien tiene un hijo.
Según información proporcionada por la CIDH, cuando fue apresado, Gallo contaba con todos los documentos necesarios, incluyendo un pasaporte vigente y un pasaje de ida y vuelta, y planeaba alojarse en la residencia de su pareja durante su estadía. Sin embargo, tras una revisión de documentos, las autoridades del régimen bolivariano lo apartaron para realizarle una “entrevista”, le confiscaron su teléfono y lo dejaron incomunicado.
El canciller argentino Gerardo Werthein manifestó que el caso de Gallo “es una prueba contundente de las graves violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos fundamentales” en Venezuela.
(Con información de EFE)