El Gobierno, a través de una conferencia encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad, un ente que dependía del Poder Ejecutivo y estaba a cargo, entre otras cosas, de la realización de rutas. La conferencia comenzó con un video que repasaba las acusaciones de corrupción en -justamente- la causa Vialidad por la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión y actualmente cumple con domiciliaria.

Con esa introducción, el funcionario recordó detalles de la investigación que llevó a la sentencia en contra de la ex jefa de Estado, hoy privada de su libertad. Así, rememoró que el expediente se asentó en 51 contratos de obra pública “con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez”. “Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos”, enumeró, y dijo que consta en la Justicia que “hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad. Un instrumento para la maniobra ilegal destinada a mover recursos”.

Tras esa exposición de argumentos, el vocero comunicó la medida. “El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vila”, indicó Adorni.

Y continuó: “La CNRT que pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales”.

“El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas”, completó.

“Es un acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública y la firmó el presidente de la Nación”, destacó Adorni.

El funcionario también resaltó el uso de las facultades delegadas que ejerció Milei, y que vencen mañana: “Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, darle superpoderes a un gobierno reaccionario, que se vendía el país, armaron una tendencia en X. La realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó ni decretó una prórroga a las facultades delegadas, como lo hizo el kirchnerismo hasta el fin de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos causaron”.

“Son los mismos que miraron para el costado cuando Alberto Fernández declaraba la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y otorgaba poderes especiales al Ejecutivo, entre la creación de impuestos como el Impuesto PAIS”, añadió.

Y sentenció: “En mayo de 2021, el gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos con la pandemia como pretexto, dejar a los chicos sin clases, cerrar las actividades productivas, prohibir reuniones privadas. El problema no es la herramienta, el problema es cómo se usa y para qué”.

En ese sentido, Adorni destacó que el presidente Milei utilizó la herramienta que caduca mañana para generar un alivio fiscal a las arcas del Estado. “Por primera vez las facultades delegadas se usaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. Los 65 decretos delegados que se promulgaron en el último año implicaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos“, aseguró el vocero.

Finalmente, Adorni destacó que Milei no intentó extender el plazo de los denominados superpoderes. “El presidente respetó la institucionalidad. Primero porque no se prorrogó, se cumplió estrictamente con el plazo de un año, y segundo porque su propósito fue implementar un plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia”, afirmó.

Tras el anuncio, el gobierno brindó datos del funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, los que dejarán de ser erogaciones para el Estado Nacional. “El organismo presenta una dotación elevada y una configuración jerárquica extensiva que dificultan la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional”, indicaron desde la Casa Rosada en un comunicado.

“Tiene una dotación total de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio, lo que evidencia su sobredimensionamiento administrativo”, afirma el texto.

“Por ejemplo, se registra un cargo (si se cuentan gerencias, subgerencias, divisiones y seccionales) cada 3 agentes; prácticamente un auto o camioneta por agente operativo; y maquinaria pesada (retroexcavadoras, fresadoras, palas mecánica, topadoras, etc) cada dos agentes, lo que refleja una desproporción entre los recursos materiales disponibles y la capacidad para operarlos, afectando la eficiencia en la gestión y asignación de dichos activos”agregaron.

Finalmente, el Gobierno argumentó, para justificar el cierre, que “otro ejemplo del desmanejo al que está habituado el organismo puede observarse en la contratación de personal, siendo que son empleados de este organismo la secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina (STV), su esposo que es Secretario Adjunto, sus dos hijas y un yerno, siendo un ejemplo concreto de casta sindical”.

“La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, optimizando el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado”, concluyó el comunicado.

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