El Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad y el Poder Ejecutivo deberá aplicarla, pese a que Javier Milei decidió vetarla. La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor y desnudó como nunca la fragilidad parlamentaria del oficialismo. Logró 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Es el primer veto que el Congreso le voltea a la administración libertaria.

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), como Diputados no logró insistir con el aumento jubilatorio, el impacto fiscal de la norma -sin cambios en movilidad ni bonos- implicaría un 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026.