Diputados nacionales este miércoles buscará revertir los vetos de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de emergencia pediátrica. La oposición precisa de dos tercios del recinto y, si los alcanza, las propuestas deberán votarse en el Senado.
El temario es amplio y proyecta una sesión que se extenderá más allá de la medianoche. Aunque los vetos presidenciales son la centralidad de la agenda, los diputados también definirán una citación para un “pedido de informes verbales” a Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de su posible participación en una red de coimas que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo contaminado. Por este último tema, también existe amplio consenso en la creación de una comisión investigadora.
La convocatoria fue firmada por 31 diputados de cuatro bloques distintos (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica), quienes junto al Frente de Izquierda y otras expresiones peronistas y radicales buscarán alcanzar los dos tercios de la Cámara para revertir los vetos que, con todo el recinto presente, implica alcanzar un total de 172 votos. En contrapartida La Libertad Avanza y el PRO, en conjunto con aliados provinciales y del radicalismo, intentarán sumar 86 rechazos para blindar la decisión del Ejecutivo.
Los últimos antecedentes de ambas votaciones anticipan la paridad que tendrá la votación el 17 de septiembre. Fueron 159 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones para el financiamiento universitario (19 ausentes); y 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones (27 ausentes) para la emergencia pediátrica. De repetirse estos números, sólo el proyecto impulsado por los trabajadores del Hospital Garrahan alcanzaría los dos tercios. Si Diputados lo consigue, el Senado -en donde existe una mayoría opositora más consolidada- debe sumar el mismo porcentaje para terminar de revertir los vetos presidenciales.
Uno de los vetos que se tratará revertir es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas. La iniciativa exige fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud” y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.
Por otro lado se encuentra el veto al proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.