La eventual aprobación de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca tratar en sesiones extraordinarias podría abrir un nuevo frente judicial y quedar durante meses (o incluso años) bajo revisión, según advirtió el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El magistrado recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad permite que cualquier juez declare la invalidez de una ley, lo que podría trabar su aplicación práctica hasta que el máximo tribunal unifique criterio.
“El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”, explicó Rosatti. Y precisó: “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”. En ese esquema, una reforma laboral podría ser suspendida en distintos juzgados del país mientras se acumulan fallos contradictorios, hasta llegar a una definición final del máximo tribunal.
Rosatti, en una entrevista a Perfil, recordó que ese escenario ya ocurrió con parte del régimen laboral incluido en la Ley Bases, que fue declarado inconstitucional por un juez laboral y todavía no tiene resolución definitiva de la Corte. En ese marco, señaló que el sistema vigente no prohíbe que los jueces se aparten de la doctrina del máximo tribunal: “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore en una ley una cláusula que obligue a todos los tribunales a acatar los fallos de la Corte, Rosatti fue cauteloso. “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó. Y agregó que, sólo “en la medida en que la Corte diga que es constitucional”, ese mecanismo podría evitar que se repitan una y otra vez los mismos litigios.
El presidente del máximo tribunal también dejó en evidencia el impacto práctico del sistema actual: “El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, afirmó. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”.
Para Rosatti, el debate ya excede lo ideológico y se vincula con la necesidad de encontrar una solución funcional que evite que reformas estructurales, como la laboral, queden atrapadas en un limbo judicial prolongado.