El Parlamento Europeo ha frenado la aprobación del acuerdo comercial UE-Mercosur. La suspensión se produce tras una ajustada votación, celebrada este miércoles en la Eurocámara, por la que se ha decidido remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como había solicitado un grupo de izquierda minoritaria. Aunque no es una paralización total —incluso desde dentro de la Eurocámara se han producido rápidamente llamamientos a que se proceda a una aplicación provisional—, el éxito de la maniobra parlamentaria supone una muestra más de los múltiples obstáculos que afronta aún el acuerdo, firmado formalmente el pasado sábado en Asunción (Paraguay), que busca crear la mayor zona comercial del mundo y que se ha tardado en cerrar más de un cuatro de siglo.

Como instrumento clave para abrir Europa a otros mercados internacionales que hagan al bloque menos dependiente de Estados Unidos, supone también un varapalo político en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una nueva retahíla de amenazas arancelarias contra países europeos y, con sus ansias sobre Groenlandia, pone en juego también la soberanía e integridad territorial europeas.

La número dos de la Comisión Europea, la vicepresidenta Teresa Ribera, ha dejado entrever este miércoles que el Ejecutivo comunitario va a movilizarse para evitar que esta iniciativa parlamentaria paralice la entrada en vigor del gran acuerdo comercial. Ribera considera que la moción constituye “un planteamiento legítimo que hay que respetar”, pero subraya que se ha logrado “con una mayoría muy ajustada” —de los 669 eurodiputados presentes, 334 votaron a favor, 324 en contra de la moción y 11 abstenciones—. “Tenemos que analizarlo y en paralelo trabajar por la aplicación provisional de un tratado importante que políticamente no podemos retrasar por mucho tiempo”. La vicepresidenta anticipa que la Comisión, “en el marco de sus competencias” va a tratar de buscar una fórmula “para que esto no suponga un retraso”.

El revés no pilla de sorpresa, pero el momento en el que se produce no es de los más propicios. La Unión Europea firmó el acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay —los Estados integrantes del Mercosur— el pasado sábado, justo el día en que Donald Trump recrudeció su ofensiva arancelaria. Mientras los líderes europeos y latinoamericanos estaban reunidos para dar el pistoletazo de salida a la que será la mayor área de libre comercio del mundo, el magnate estadounidense anunciaba aranceles del 25% para los países que participen en maniobras militares en Groenlandia.

En este sentido, la firma supuso mandar una señal a Trump y dar un espaldarazo a las reglas tradicionales del juego, basadas en negociaciones y tratados y no en amenazas. De hecho, las políticas agresivas y proteccionistas del actual inquilino de la Casa Blanca funcionaron como propulsor para superar los últimos obstáculos y reticencias de los Estados europeos ante el acuerdo, cuya negociación ha sido agónica por las dificultadas en alcanzar un consenso, estirándose a lo largo de 25 años. “Elegimos el comercio justo sobre los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo sobre el aislamiento”, dijo el día de la firma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Sin embargo, ya se sabía que la tramitación del tratado, así como ocurrió con su génesis y evolución, no iba a ser sencilla. Tanto los partidos de la ultraderecha como los grupos de izquierda minoritaria en el Parlamento Europeo habían mostrado su rechazo. A todo ello se suma un conjunto de intereses nacionales que han ido operando en el sentido opuesto la tramitación del pacto, que conformará un mercado de casi 700 millones de consumidores.

El grupo que ha presentado la moción cuestiona si el acuerdo respeta los tratados de la Unión Europea, en concreto pone en duda la legalidad del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto por su posible impacto negativo sobre la capacidad de la UE de establecer políticas medioambientales y de protección del consumidor. Esta cláusula permite que los países del Mercosur puedan solicitar una compensación si la UE introduce cambios regulatorios que desvirtúan el acuerdo y les perjudican.

El País