Con el Poder Ejecutivo en vías de promulgar la ley de reforma laboral en el Boletín Oficial, la CGT activará hoy su plan de judicialización para que no entre en vigencia. La intención de la central obrera es que la Justicia declare ciertos artículos de la normativa inconstitucionales. Habrá calle y abogados.

A partir de las 11 horas, la CGT realizará una concentración frente al Palacio de Tribunales. Será una especie de reversión de la que realizó a fines de 2023 para impugnar el DNU 70/2023 y que terminó con un amparo que frenó la reforma laboral incluida en esa normativa.

La marcha que organizó la calle Azopardo a la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires está acompañada de la consigna “la reforma laboral es inconstitucional”, bajo el argumento de que vulnera garantías consagradas en la carta magna “históricas”.

Pero, los equipos legales cegetistas ya prepararon una presentación en la que objetan todos aquellos artículos que limitan las libertades sindicales y algunos derechos individuales, por ir contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La demanda de la central obrera contra la ley de modernización laboral será en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral. Aunque hay sectores, los más combativos, que son partidarios de avanzar por las dos vías para bloquear el texto.

¿Qué artículos se van a objetar? En principio, el 133 que restringe el derecho de realizar asambleas y congresos en los ámbitos y horarios laborales. El 134 que redefine como “infracciones muy graves” los bloqueos a empresas como forma de protesta, entre otras condiciones.

Ingresa en la lupa 98, que amplía de forma masiva los “servicios esenciales” y obliga a garantizar entre el 50 % y el 75 % de actividad durante una huelga. Es uno de los que más inquieta al polo sindical y que choca con los tratados internacionales que adhirió la Argentina.

También aparecerá cuestionado el 141 que habla de “prácticas desleales” sobre la convocatoria de asambleas, los artículos 142 y 143 que habilitan querellas judiciales por “prácticas desleales” con las consecuentes multas millonarias sobre los ingresos sindicales y la posible pérdida de la personería gremial por reiteración.