El Gobierno promulgó la Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, a través del Decreto 138/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El régimen establece penas de hasta 3 años para delitos menores. En el caso de los hechos graves, como homicidios, abusos y/o secuestros, establece un tope de 15 años de prisión, con una extensión de hasta 20 años en casos puntuales.

Si bien las penas y los beneficios se establecen de acuerdo con cada situación particular, la iniciativa habilita la obtención de la libertad asistida y el régimen de amonestaciones, además de tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral, dentro de un marco socioeducativo con el foco puesto en la reinserción del menor en la sociedad.

La ley prohíbe que los menores convivan con adultos en las cárceles comunes. Esto abarca la construcción de centros de detención e institutos especializados con un personal capacitado en niñez, adolescencias y adicciones.

Con la nueva medida, Argentina se sumó a Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana al grupo de países que tienen la misma normativa.

El debate no es nuevo. Durante la última dictadura militar, la edad se bajó a 14, pero en 1983, poco antes del regreso a la democracia, se volvió a establecer en 16 años mediante la Ley 22.803. En 2017, el debate fue reintroducido por el gobierno de Mauricio Macri. A pesar de la voluntad del Poder Ejecutivo, el proyecto encontró mucha resistencia en el Congreso y, al coincidir con un año electoral, el debate se volvió muy político y el Gobierno decidió postergar el envío formal del proyecto al Congreso para evitar que se mezclara con la campaña.