El Congreso amanece con un vallado que limita la circulación en las calles aledañas al Palacio, luego de que la Cámara de Diputados confirmara este miércoles la primera jornada de audiencias públicas sobre el proyecto de la Ley de Glaciares. La convocatoria oficial cerró con 102.116 personas inscriptas para intervenir en la iniciativa que cuestiona la habilitación de inversiones extranjeras para la megaminería en la zona periglacial argentina.

El primer día de las audiencias públicas programadas comienza a las 10 y cuenta con 180 personas confirmadas para hablar de forma presencial, mientras que se programó un segundo día de debate para el jueves 26, donde la lista continúa con otros 180 oradores previstos de manera virtual. La cantidad de personas anotadas llevó a programar alrededor de 28 horas de debate en comisiones.

Todas las personas anotadas tuvieron la posibilidad de presentar ponencias por escrito o a través de videos de hasta cinco minutos, material que quedó incorporado de manera permanente al expediente legislativo como antecedente del debate.

La Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado a fines de febrero, con 40 votos positivos y 31 negativos. El objetivo del Gobierno es modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, sancionada en 2010: es una normativa que funcionó como un “escudo” de las reservas de agua dulce en la cordillera, pero también el principal escollo para la expansión de la megaminería.

La ley actual protege por igual a los glaciares descubiertos y al ambiente periglacial, que incluye los glaciares de escombros: masas de hielo cubiertas por roca que actúan como reguladores hídricos en zonas áridas.

Acuerdo de Escazú: el blindaje ambiental que puede demorar la nueva Ley de Glaciares

El Acuerdo de Escazú es un tratado que Argentina firmó en 2018 en la ciudad homónima de Costa Rica, junto a otros 16 países. El documento tiene jerarquía superior a las leyes comunes y dice que, para cualquier decisión ambiental importante, el Estado debe cumplir tres pasos obligatorios: publicar datos científicos claros sobre el impacto, escuchar a la ciudadanía en audiencias públicas antes de votar y no retroceder. Es decir, no desprotegerlo sin una justificación técnica excepcional, bajo el Principio de No Regresión.

El Gobierno nacional ve en la minería de gran escala una fuente rápida de dólares y empleo. Considera que la ley actual es “demasiado amplia” y que frena inversiones millonarias que otros países (como Chile) aprovechan mejor.

El debate en Diputados se vuelve lento porque la oposición y diversos sectores sociales advierten que, si se vota la reforma “a libro cerrado” o de forma acelerada, habría una violación del Acuerdo de Escazú.

Si la ley obtiene el visto bueno de la Cámara Baja, cualquier ciudadano podría ir a la Justicia y frenar la ley apenas se sancione. Por eso, los legisladores están obligados a tratar el tema con una profundidad técnica que no estaba en los planes originales del Ejecutivo.