El Municipio de Resistencia, a través del subsecretario de Tránsito, Matías Breard, y las juezas de Faltas municipales Matilde Campias y Viviana Leyes, junto al personal de la Dirección General de Tránsito presentó una denuncia en la Fiscalía de Investigación Penal N° 6 por a las agresiones ocasionadas por un grupo de personas que incitaron al robo de una motocicleta incautada durante un operativo de control vehicular.

Sobre esta situación originada el pasado sábado a la madrugada, Breard expresó preocupación debido a la inexistencia de pronunciamientos de parte del Ministerio de Seguridad dado que hasta el momento no se detuvo a la persona identificada por parte de los agentes municipales en aquel episodio que contó con el liderazgo de Carlos Barraza, trabajador de la empresa Sameep y referente de un movimiento social que incitó a un grupo de personas a realizar esas acciones denunciadas, en las que varios de ellos tenían su indumentaria identificatoria de la empresa estatal.  

Por ello, desde el Municipio se inició en la Comisaría Primera y en la División Violencia Familiar y Género Metropolitana una denuncia penal sobre robo, amenazas y violencia de género por parte de ese número aproximado de 40 personas, cuya investigación está a cargo del fiscal en turno Roberto Villalba. Además, en el plano de la competencia municipal, está en curso en el Juzgado de Faltas N° 2 el proceso de la infracción cometida.  

“QUE ESTO NO QUEDE IMPUNE”

El subsecretario Matías Breard mencionó que parte del grupo que se hizo presente en el lugar “se subió al carretón municipal en donde teníamos distintas motos que habían sido secuestradas” y que estaban liderados por quien se presentó como Carlos Barraza, dirigente social y empleado de la empresa Sameep. Con él reclamaban la restitución de varios vehículos, “uno de ellos de los que literalmente se lo robaron del procedimiento porque se subieron al carretón del Municipio y descendieron entre forcejeos porque los empleados municipales trataron de impedir que esto sucediera”.

“Entre forcejeos y golpes que han recibido los compañeros, estas personas lograron encender un motovehículo, romper la faja de seguridad porque ya estaba secuestrado y se han llevado una moto que momentos antes habría sido secuestrada por alcoholemia positiva y por la falta de todos los elementos de seguridad y reglamentarios para la circulación. Es decir que no tenían licencia de conducir, no tenían cédula verde, no tenían seguro, no tenían espejo, no tenían casco y aparte de todo eso tenía alcoholemia positiva”, agregó.  

Por otro lado, Breard criticó que no haya detención ni recuperación de la moto y por ello sostuvo: “Pedimos a la ministra de Seguridad que disponga de todos los medios necesarios para que la Policía recupere el motovehículo que fue sustraído al personal de Tránsito y que detenga inmediatamente a esta persona para que la causa pueda seguir avanzando. Es una falta de respeto”.

“No hemos escuchado ningún tipo de pronunciamiento por parte del Ministerio de Seguridad, también así por parte del presidente de Sameep, porque todas estas personas se encontraban identificadas con camperas de esa empresa”, dijo solicitando que se les inicie sumario administrativo porque “nosotros tenemos identificadas a las personas que fueron partícipes de esta violenta acción delictiva que han sufrido los agentes de Tránsito”.

“Que esto no quede impune, porque sino la próxima semana va a volver a pasar lo mismo. Estamos cansados de este tipo de situaciones de violencia. Si ellos van a permitir que le generen algún tipo de corte de calle o de manifestación, que lo hagan ellos. Nosotros, desde el Ejecutivo municipal, nunca avalamos ese tipo de reclamos”, concluyó.

Mientras que la titular del Juzgado de Faltas N° 1, Matilde Campias, explicó que las motos una vez secuestradas están a disposición del Municipio y retirarla por la fuerza “pasa a ser un delito, no una contravención”.  

Así, detalló que por un lado se tramita el delito cometido y por otra parte la falta municipal en el Juzgado de Faltas N° 2, a cargo de Viviana Leyes. “Está identificada la persona que retiró la motocicleta. Los datos están porque se labraron actas”, fundamentó sobre las herramientas disponibles para permitir el accionar policial.