La resolución establece que, cuando exista certeza o presunción de que la tarea de prevención policial en el espacio cibernético involucra a un menor, la actividad deberá suspenderse y dejar constancia en el libro de registro, con aviso inmediato a la autoridad responsable. No obstante, la suspensión deja de ser obligatoria en cinco supuestos excepcionales, vinculados a riesgos graves e inminentes para la integridad o vida de menores, o para la seguridad de la comunidad educativa.

Estas situaciones incluyen casos en los que se advierta un riesgo de vida para el menor; indicios de desamparo, fuga o sustracción del entorno; comportamientos autolesivos o suicidas sin necesidad de certeza sobre la inminencia del daño; y cuando el menor sea presunta víctima de un delito en curso en el ciberespacio cuya prevención o esclarecimiento requiera mantener el monitoreo.

Adicionalmente, la normativa contempla la posibilidad de continuar la tarea policial si existen indicios fundados de riesgo para la vida o integridad física de otros menores, abarcando amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en establecimientos educativos o espacios públicos, tanto si el menor es víctima como si es autor.