El comercio exterior argentino fue afectado este lunes por un paro de prácticos, pilotos y baqueanos, los profesionales que asesoran a los capitanes durante la navegación y las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos.
La protesta, dispuesta por tiempo indeterminado contra el Decreto 690/2026, trabó el movimiento de embarcaciones en los principales complejos portuarios del país. La medida alcanzó al Gran Rosario, Bahía Blanca, Quequén, La Plata, Dock Sud, Buenos Aires y Zárate-Campana.
Fuentes vinculadas con la actividad señalaron que el movimiento de buques quedó “totalmente paralizado”, debido a que los profesionales resolvieron no aceptar servicios para embarcaciones que deban ingresar, salir o transitar por zonas donde el practicaje resulta obligatorio.
La interrupción, sin embargo, no detuvo todas las tareas dentro de las terminales. En el Gran Rosario, algunos buques continuaron recibiendo mercadería, aunque sin completar la carga ni quedar en condiciones de iniciar el viaje previsto.
El Centro de Navegación, que reúne a agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, informó que al menos 140 buques esperaban la confirmación de los servicios de practicaje y pilotaje.
La entidad advirtió que la cifra aumentaría con la incorporación de embarcaciones programadas para ingresar o salir de la Vía Navegable Troncal. También señaló que algunas operaciones previstas en puertos argentinos fueron redireccionadas hacia Montevideo y terminales del sur de Brasil.
Según la cámara, esos desvíos ponen en riesgo transbordos que habían regresado al país y pueden provocar incumplimientos contractuales, costos adicionales y dificultades para las plantas productivas si el conflicto se prolonga.
El conflicto produjo además un impacto concreto sobre Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el proyecto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro para ampliar las exportaciones argentinas de petróleo.
El buque semisumergible White Marlin permaneció fondeado frente a Bahía Blanca sin poder comenzar la descarga de las embarcaciones destinadas a construir la terminal marítima de Punta Colorada.
La nave transportó remolcadores y unidades especializadas que participarán en la instalación de las monoboyas, los sistemas de amarre y la infraestructura submarina. La falta de prácticos impidió iniciar las maniobras necesarias para retirar esa flota de la cubierta.
El inconveniente demoró además el traslado de las embarcaciones hacia distintos sectores del complejo portuario bahiense, donde debían completar su preparación antes de partir hacia Río Negro.
Prefectura intimó a los profesionales
Ante la interrupción, la Prefectura Naval comenzó a distribuir intimaciones individuales para exigir que los profesionales retomaran la prestación de los servicios.
El argumento oficial sostiene que el practicaje constituye un servicio público vinculado con la seguridad de la navegación y que su interrupción podría derivar en sumarios administrativos y denuncias penales.
El Decreto 690/2026 permite que la Prefectura preste esos servicios ante situaciones excepcionales, requiera la intervención de la Armada Argentina o autorice temporalmente a capitanes con certificados de conocimiento de zona.
Esas herramientas no habían permitido normalizar la actividad durante las primeras horas del conflicto. Los prácticos sostienen que, como profesionales independientes, pueden decidir no aceptar nuevos contratos. El Gobierno considera, en cambio, que la naturaleza pública del servicio exige garantizar su continuidad.
La medida comenzó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, publicado el viernes 31 de julio en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por Javier Milei, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva, reemplazó el régimen vigente desde 1991 y modificó las condiciones de habilitación, contratación, traslado, fiscalización y remuneración de los profesionales.
El nuevo esquema dispuso un registro abierto de prácticos, autorizó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a fijar tarifas máximas, liberalizó el transporte utilizado para embarcar y desembarcar a los profesionales y amplió los casos en los que determinados capitanes pueden prescindir del servicio.
Los prácticos sostienen que esas modificaciones pueden comprometer la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la vida humana. También cuestionan la obligación de prestar servicios “en todo momento” y el régimen de sanciones para quienes rechacen operaciones.
Las entidades del sector preparan además presentaciones ante la Justicia Federal para solicitar la suspensión o nulidad del decreto.
El Ejecutivo defendió la reforma con el argumento de que el régimen anterior restringía el ingreso de nuevos prestadores, limitaba la competencia y elevaba los costos logísticos.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, afirmó Sturzenegger al presentar los cambios.
El Gobierno sostiene que el nuevo esquema ampliará la oferta, transparentará las tarifas y reducirá los costos de la navegación. Los prácticos reclaman la suspensión del decreto y la apertura de una mesa de negociación.