La audiencia del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes en un absoluto fracaso. La falta de entendimiento entre las centrales sindicales (CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) y las cúpulas patronales forzó la interrupción de la negociación tripartita, luego de que el Gobierno rechazara el pedido del sector gremial de realizar la reunión de forma presencial. De este modo, la actualización del piso salarial nacional quedó por enésima vez en manos del Poder Ejecutivo, que deberá definir la retribución por laudo administrativo.

El mensaje de la CGT tras el Consejo del Salario

A través de un duro comunicado de prensa titulado «Sin diálogo real no hay acuerdo posible: el salario no puede ser un ingreso de pobreza», la CGT volvió a denunciar la ineficacia del formato virtual impuesto por la Secretaría de Trabajo y cuestionó el desinterés de las autoridades nacionales en propiciar una negociación real sobre el nuevo piso del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La discusión remota evidenció propuestas irreconciliables entre el bloque laboral y la contraparte empresaria.  Las tres centrales sindicales unificaron su demanda para fijar un piso inmediato de $911.202 del SMVM y alcanzar progresivamente los $993.300 hacia diciembre. El planteo busca recomponer el haber básico frente a un salario mínimo que se ubica en $376.600 (valor de agosto) y que acumula un deterioro del 40,8% en su capacidad de compra desde diciembre de 2023.

Por su parte, las entidades del sector privado ofrecieron incrementos del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual corrido desde octubre de 2026 hasta abril de 2027. El esquema propuesto por las cámaras empresarias apenas proyectaba elevar el ingreso básico a poco más de $460.000 recién bien entrado el próximo año.

Desde el movimiento obrero criticaron los porcentajes de la oferta de los empresarios asegurando que con «escasos argumentos la parte empleadora estima siempre aumentos que hoy apenas alcanza para un kilo de pan», apuntando además al Estado por respaldar de forma continua la postura de las patronales.

Portazo sindical y denuncias ante organismos internacionales

Más allá de la brecha porcentual, la conducción de la CGT centró su descontento en el formato y la calidad institucional del debate. La central obrera rechazó que un tema de semejante envergadura, que afecta a millones de trabajadores registrados y condiciona las prestaciones sociales, continúe tramitándose de forma virtual y sin la presencia física de los actores institucionales.

La entidad gremial denunció la «escasa relevancia que impone el gobierno nacional en esta instancia», destacando como un gesto categórico «la ausencia del titular de la Secretaría de Trabajo (Julio Cordero) en la convocatoria». En esa línea, desde Azopardo anunciaron que no convalidarán la pauta que imponga el Ejecutivo y calificaron la audiencia como una «puesta en escena». En esa línea, las centrales decidieron no participar de la instancia plenaria formal del organismo, para evitar dar quórum al Consejo.

El pronunciamiento de la CGT recordó asimismo las advertencias presentadas durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, donde se instó al Poder Ejecutivo a instrumentar instancias de diálogo social genuinas. Al no existir vías de negociación efectiva ni voluntad de acercamiento, la resolución de la pauta de ingresos mínimos para los próximos meses volverá a ser dictaminada unilateralmente mediante un decreto del presidente Javier Milei.