La defensa explica ahora que esos fondos no provienen de la venta de un inmueble u otro bien físico, sino de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. El informe presentado por los abogados calcula que esas operaciones representaron u$s591.544,61.

La presentación sostiene que las ocho billeteras fueron utilizadas entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, es decir, varios años antes de que Adorni ingresara a la función pública, y que actualmente no conservan saldo.

La defensa afirma que ese dato temporal resulta clave: “Mal puede reputarse ‘ocurrido’ durante el ejercicio del cargo un incremento patrimonial cuyo origen … es, en los hechos, anterior en años a esa asunción”.

Según el escrito, el dinero utilizado originalmente para comprar Bitcoin provenía de ahorros acumulados durante los años de actividad profesional privada de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

La defensa detalla que las primeras compras se realizaron en 2014 y que la mayor parte de la inversión —u$s199.883,20— se concretó en 2017. Las ventas, siempre según el escrito, se realizaron mediante operaciones personales y en efectivo.

Uno de los ejemplos que aporta la presentación corresponde al 5 de agosto de 2017, cuando cuatro de las billeteras fueron liquidadas en distintas operaciones. Una de ellas, según la defensa, fue por u$s296.785,46.

Para acreditar la titularidad de las billeteras, los abogados aseguran que Adorni firmó mensajes utilizando las claves privadas de las ocho direcciones frente a un escribano. Incluso, sostienen que entregó las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado para que puedan ser utilizadas en caso de ser requeridas durante la investigación.

Otro de los puntos centrales de la defensa son las declaraciones juradas patrimoniales rectificativas. Los abogados reconocen que hubo modificaciones respecto de la declaración original, pero sostienen que no existió intención de ocultamiento. Según plantean, Adorni corrigió la información antes de recibir el requerimiento fiscal y antes de que ARCA notificara una fiscalización.

La defensa remarca además que pagó las obligaciones tributarias derivadas de las rectificaciones y que, según el escrito, no existe constancia de observaciones por parte del organismo recaudador.

En ese sentido, cita una declaración pública realizada anteriormente por Adorni, quien había calificado la situación como “un error que, más allá de que fue absolutamente involuntario, creo que tengo que pagar todo lo que corresponde”.

Y había agregado que estaba dispuesto a pagar “hasta el último peso de impuesto”, además de las multas e intereses que correspondieren.

La defensa sostiene que esa conducta resulta incompatible con la hipótesis de una maniobra destinada a ocultar deliberadamente su patrimonio.

Otro capítulo importante del escrito está dedicado a la compra y remodelación de la vivienda ubicada en el lote 380 del Country Indio Cuá. La Fiscalía había pedido explicar el origen de los fondos destinados a la compra del terreno y, especialmente, los USD 245.000 que, según el requerimiento, habían sido pagados al contratista Matías Tabar por la remodelación.

La defensa responde que el lote fue adquirido por u$s120.000: u$s100.000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria sobre el inmueble de la calle Asamblea y los u$s20.000 restantes en efectivo.

El punto más controvertido aparece en la obra. Los abogados sostienen que los USD 245.000 atribuidos a los trabajos no coinciden con la documentación analizada. Según la presentación, la propia planilla aportada por Tabar, correctamente sumada, arroja u$s285.929, y no u$s245.929. La defensa señala así una diferencia de u$s40.000 que, según afirma, “no tiene explicación ni respaldo documental alguno”.

El escrito enumera además otras inconsistencias que, según la defensa, aparecen en la documentación del contratista: diferencias entre dos planillas, gastos sin comprobantes, remitos con fechas anteriores al inicio de la obra, materiales enviados a distintos domicilios, facturas emitidas a nombre del propio contratista y ausencia de presupuestos comparativos.

Pero el dato que la defensa considera central es otro: sostiene que el dinero efectivamente entregado a Tabar fue de u$s175.000. Y asegura que ese monto coincide prácticamente con el valor técnico de mercado de la obra calculado por un arquitecto contratado por la defensa: u$s174.954,58, una diferencia de apenas u$s45,42.

La presentación lo resume así: “no se trata de que mi asistido diga cuánto pagó, sino de que dos fuentes de prueba autónomas entre sí (…) convergen en un mismo orden de magnitud”.

El escrito dedica varias páginas al análisis realizado por la SIFRAI sobre activos virtuales. Según la defensa, ese informe identificó acreditaciones por u$s269.550,36 durante el período investigado y las vinculó mediante distintos indicios con Adorni. Sin embargo, los abogados remarcan que el propio dictamen fiscal habría aclarado que esos fondos “no se incorporan al déficit ni pueden ser consideradas ganancias mientras no se determine su titularidad económica, su causa, su destino”.

También cuestionan la metodología utilizada para vincular distintas direcciones de criptomonedas con un mismo titular. En particular, sostienen que habría una “duplicación” de fuentes de identificación porque Lemon Cash y Digifin remitirían a un mismo proceso de verificación. También cuestionan la utilización de Chainalysis Reactor, cuyo algoritmo de agrupamiento —según la defensa— no sería público ni replicable por los peritos de parte.