El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó documentación a la Auditoría General de la Nación y al Banco Central para reconstruir las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas durante 2025. La investigación busca identificar a los funcionarios que intervinieron, conocer las normas aplicables y determinar si existió un perjuicio para el Estado.

La investigación judicial por las operaciones financieras realizadas con el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió informes y documentación a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al propio Banco Central para establecer cómo se desarrollaron las transacciones que, según la auditoría, arrojaron un resultado negativo de US$ 1.023 millones durante 2025.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa iniciada a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet.

Las medidas solicitadas buscan reconstruir la operatoria, determinar qué funcionarios participaron en las decisiones y verificar si se cumplieron las normas y los controles correspondientes. El pedido de información no implica, por sí mismo, que se haya comprobado la comisión de un delito.

Los US$ 1.023 millones bajo investigación

El punto de partida es el informe sobre los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025, aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026.

Según el organismo auditor, las operaciones con derivados financieros vinculados al precio del oro registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a aproximadamente US$ 1.023 millones, que se cubrió con egresos de divisas.

La cifra se compone de dos conceptos principales: unos US$ 960,2 millones correspondientes a resultados negativos de opciones financieras y otros US$ 62,8 millones por primas de opciones.

La AGN cuestionó la magnitud de los resultados de estas operaciones y señaló que se utilizaron instrumentos financieros cuyo activo subyacente fue el oro de las reservas internacionales.

El informe también registró una ganancia patrimonial por la valorización del oro durante el mismo ejercicio. La auditoría sostiene que ese aumento de valor debe distinguirse del resultado específico de los derivados financieros.

Qué le pidió Pollicita a la Auditoría General de la Nación

Una de las medidas solicitadas consiste en requerir a la AGN el informe completo de auditoría, junto con la documentación que respalda sus conclusiones.

El fiscal pidió que se incorporen los papeles de trabajo, los antecedentes vinculados con las operaciones y las eventuales disidencias parciales de los auditores, con sus respectivos fundamentos.

También solicitó conocer la respuesta presentada por el Banco Central frente a las observaciones y determinar si hubo actuaciones posteriores relacionadas con esos cuestionamientos.

La documentación permitirá reconstruir los criterios utilizados para evaluar las operaciones y precisar el alcance de las observaciones formuladas por el organismo de control.

El foco en las decisiones del Ministerio de Economía y el BCRA

El segundo requerimiento está dirigido al Banco Central y apunta a conocer el marco normativo que regulaba la administración y disposición de las reservas de oro, así como la contratación de operaciones financieras vinculadas con ese activo.

Pollicita solicitó información sobre las facultades de los funcionarios y las distintas áreas involucradas, los procedimientos de autorización, los controles internos y las instancias de supervisión.

Además, pidió que el organismo informe si existieron comunicaciones o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía entre 2025 y la actualidad sobre el manejo de las reservas de oro y las operaciones con derivados.

En caso de que hayan existido esas comunicaciones, el requerimiento contempla la presentación de las constancias y actuaciones correspondientes.

La información será relevante para determinar cómo se tomaron las decisiones, quiénes participaron y cuáles fueron los fundamentos técnicos y financieros de las operaciones.

La denuncia y los delitos que deberán investigarse

La causa comenzó con una denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Ernesto Curutchet. La presentación planteó posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras.

Esas calificaciones forman parte de la denuncia y deberán ser evaluadas por la Justicia a partir de las pruebas reunidas. Hasta el momento, la investigación busca establecer las circunstancias de las operaciones y las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Por su parte, el BCRA sostuvo públicamente que las transacciones formaron parte de una estrategia de cobertura destinada a proteger las reservas frente a una posible caída del precio internacional del oro. Según la explicación oficial, al considerar integralmente la posición en ese activo, el resultado neto de 2025 habría sido positivo en US$ 2.505 millones.

La diferencia entre la evaluación de la AGN sobre los derivados y la explicación del Banco Central constituye uno de los puntos centrales de la controversia económica y judicial.

Cómo seguirá la investigación

Una vez recibida la documentación solicitada, la fiscalía podrá analizar las condiciones contractuales, los procedimientos utilizados, los controles aplicados y la intervención de las distintas áreas del Estado.

El objetivo es determinar si las decisiones se ajustaron a las normas vigentes, cuál fue el resultado económico efectivo de las operaciones y si existe fundamento para establecer eventuales responsabilidades penales.

Por ahora, las medidas impulsadas apuntan a reunir y contrastar documentación. El avance de la causa dependerá de la información que aporten la AGN y el BCRA y de las evaluaciones que realice la Justicia.