“Quien rompe paga”: Meloni advirtió a los padres que deberán pagar los destrozos de sus hijos

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El Gobierno de Italia aprobó un decreto de seguridad que crea el delito de participación violenta en manifestaciones públicas, habilita la detención preventiva para menores de entre 14 y 18 años y amplía la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos durante disturbios y saqueos.

La primera ministra Giorgia Meloni presentó las medidas después de los incidentes registrados en Milán y otras ciudades italianas. Durante esos episodios fueron detenidas 271 personas, de las cuales 229 eran menores de edad. Según las autoridades, entre los involucrados hubo adolescentes que participaron en saqueos, destrozos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El eje central de la reforma es la creación del delito de participación violenta en manifestaciones públicas. La nueva figura alcanzará a quienes integren grupos de cinco o más personas y participen en hechos violentos o daños contra bienes públicos y privados.

“Quien rompe paga“, afirmó Meloni al presentar el decreto. La mandataria sostuvo que los saqueos a comercios, los daños en espacios públicos y las agresiones a agentes de seguridad justifican una respuesta más severa del Estado.

La norma también incorpora agravantes para los daños provocados por grupos organizados y amplía las herramientas judiciales para investigar hechos de devastación y saqueo ocurridos durante protestas.

Otro de los puntos centrales del decreto establece una mayor responsabilidad económica para los progenitores.

Las familias de menores involucrados en disturbios podrán afrontar parte de los costos derivados de destrozos, robos y daños materiales.

La medida generó repercusión en Milán, donde familiares de jóvenes detenidos comenzaron a recibir información sobre las posibles consecuencias económicas de las causas judiciales abiertas tras los incidentes.

Detención preventiva para menores de 14 a 18 años

El decreto también modifica de manera inmediata el tratamiento judicial de los adolescentes.

Hasta ahora, el Estado debía acreditar en cada caso que un joven de entre 14 y 18 años comprendía plenamente la gravedad de sus actos. Con el nuevo esquema, esa capacidad se presumirá salvo prueba en contrario.

Además, la detención preventiva, que antes estaba reservada para adultos, también podrá aplicarse a menores de edad.

Según explicó Meloni, si un adolescente participa en hechos violentos durante una manifestación y existen elementos suficientes para justificar la medida cautelar, podrá permanecer privado de la libertad antes del juicio.

 

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