La iniciativa consiguió un amplio respaldo tras las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. El proyecto mantiene las pensiones no contributivas, la compatibilidad con el empleo formal y las prestaciones de salud, además de incorporar garantías de financiamiento y mecanismos de protección para los beneficiarios.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves 22 de octubre el proyecto de una nueva Ley de Discapacidad, luego de una extensa jornada de negociaciones que permitió alcanzar un amplio consenso entre La Libertad Avanza y distintos bloques opositores.

La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, una mayoría superior a los dos tercios del recinto. Tras conseguir la media sanción, el proyecto fue girado al Senado, donde deberá continuar su tratamiento para convertirse en ley.

El acuerdo se alcanzó luego de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas por legisladores opositores y organizaciones vinculadas al colectivo de personas con discapacidad. De esta manera, el texto consensuado dejó de lado los principales recortes que el Gobierno había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 para el sector.

Qué establece el proyecto aprobado en Diputados

Uno de los principales puntos de la iniciativa es la continuidad del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, junto con la conservación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio.

El texto también mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, con el objetivo de establecer criterios comunes para los servicios destinados a las personas con discapacidad.

Otro aspecto central es la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal. Según el proyecto, los beneficiarios podrán conservar el beneficio si trabajan en relación de dependencia o están inscriptos en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, la propuesta contempla garantías de acceso a prestaciones de salud mediante el Programa Incluir Salud y establece mecanismos para evitar la pérdida arbitraria de beneficios.

Más controles y garantías para los beneficiarios

El proyecto prevé auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Renaper y el SINTyS.

Estos controles buscarán verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder y mantener las prestaciones. Sin embargo, ante eventuales incumplimientos, se contemplan garantías de notificación, derecho a defensa y mecanismos de restitución provisoria de los beneficios cuando corresponda.

La iniciativa también establece partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y prevé que el Tesoro nacional compense eventuales faltantes de recursos.

En relación con las deudas pendientes con los prestadores de servicios para personas con discapacidad, el texto dispone que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la norma y completar las cancelaciones en un plazo de hasta 90 días.

El Gobierno dejó de lado los recortes del Presupuesto 2027

Las negociaciones que desembocaron en la aprobación del proyecto se desarrollaron durante varias semanas, luego de que distintos bloques opositores impulsaran la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.

La discusión se intensificó cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía cambios en los requisitos para acceder a las pensiones, restricciones a la compatibilidad con el empleo formal y modificaciones en el sistema de aranceles de las prestaciones.

La oposición cuestionó esas medidas y reclamó una solución que garantizara la continuidad de los derechos y la previsibilidad financiera del sector. Frente a ese escenario, el oficialismo avanzó en un proyecto alternativo que, tras incorporar modificaciones, mantuvo buena parte del esquema vigente.

Amplio acuerdo político, con algunas diferencias

Además de La Libertad Avanza, acompañaron el proyecto Unión por la Patria, el PRO, la Unión Cívica Radical, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y distintos bloques provinciales.

Entre los principales interlocutores de las negociaciones estuvieron el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz, por sectores de la oposición. Por el oficialismo, participaron de las tratativas Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

Sin embargo, no hubo unanimidad. Legisladores cordobeses rechazaron la iniciativa al considerar que las organizaciones del sector no habían tenido suficiente participación en la elaboración del texto. Por su parte, los cuatro legisladores que se abstuvieron expresaron sus diferencias durante la votación.

Desde Unión por la Patria, Juan Marino sostuvo que el acompañamiento respondió a las demandas planteadas por las organizaciones de personas con discapacidad y a la necesidad de evitar retrocesos en los derechos existentes.

La diputada Victoria Tolosa Paz, en tanto, destacó la incorporación de garantías de cobertura de salud, protección de las pensiones, compatibilidad laboral y financiamiento del sistema.

El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado

Con la aprobación en la Cámara baja, la iniciativa inicia una nueva etapa parlamentaria. El Senado deberá debatir el texto y resolver si lo convierte en ley o introduce modificaciones.

El resultado obtenido en Diputados representa un respaldo legislativo amplio al proyecto consensuado, aunque su aprobación definitiva dependerá del tratamiento en la Cámara alta.

La discusión sobre la política de discapacidad continuará centrada en el financiamiento de las prestaciones, el pago de las deudas con los prestadores y las garantías para sostener el acceso a las pensiones, la cobertura de salud y la inclusión laboral de las personas con discapacidad.