El fiscal federal Franco Picardi pidió ampliar las declaraciones indagatorias en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La nueva ronda alcanza a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y otras 27 personas, entre funcionarios y empresarios, a partir de “nuevos hallazgos” que, según el dictamen, extendieron el alcance del expediente.

La acusación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un esquema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Las maniobras implicaron, de acuerdo con la fiscalía, la erogación de más de $75.000 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

Un circuito organizado entre el Estado y privados

Picardi describió una estructura “articulada” entre funcionarios y empresarios, con roles definidos para asegurar adjudicaciones, inflar precios y repartir retornos. Según el dictamen, el entramado habría sido conducido desde el sector público por Spagnuolo y Daniel Garbellini, y desde el ámbito privado por Calvete y el médico Pablo Atchabahian.

El expediente indica que más de 20 empresarios, a través de unas 30 firmas, participaron de este circuito. “Las personas involucradas (…) conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal”, sostuvo el fiscal, quien vinculó esas maniobras con un impacto directo sobre la administración pública y los beneficiarios del programa Incluir Salud.

Ese programa canaliza prestaciones para personas con discapacidad o enfermedades graves sin cobertura médica. La fiscalía sostiene que el sistema fue desviado de su objetivo para beneficiar a proveedores determinados.

El rol del sistema de compras y la simulación de competencia

En el centro de la investigación aparece el sistema SIIPFIS, utilizado para gestionar prestaciones de alto costo. Según Picardi, fue manipulado para direccionar compulsas de precios y simular competencia entre empresas vinculadas.

“Las compulsas de precios (…) fueron direccionadas intencionalmente hacia determinadas personas jurídicas”, señaló el fiscal. También sostuvo que funcionarios brindaron información privilegiada sobre fechas de procesos y pagos, e incluso facilitaron claves de acceso para que operadores privados ingresaran al sistema.

La investigación identificó 21 compulsas “reducidas” o “especiales” por más de $30.300 millones, utilizadas para canalizar compras de medicamentos bajo ese esquema. En segmentos específicos, como el de prótesis para amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025, con una distribución que refuerza la hipótesis de acuerdos previos entre proveedores.

La acusación incluye sobreprecios, acuerdos de cartelización y adjudicaciones previamente coordinadas en distintos rubros de insumos médicos de alto costo.

Nuevos citados y ampliación del expediente

Entre los nuevos convocados a indagatoria figuran Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués, entre otros.

La fiscalía también incluyó a Christian, Vicente y Lucas Sagués; Humberto Maone; Javier, Fernando y Gustavo Bernat; Vicente Vázquez; Nicolás Luna; Fabián Piedimonte; Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

Hasta el momento hay 19 personas procesadas. Spagnuolo, ex titular del organismo, ya fue indagado y procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Nuevos hechos y medidas cautelares

El pedido de nuevas indagatorias se apoya en evidencia surgida del análisis del SIIPFIS y otras medidas de prueba. “Se detallan nuevas maniobras de similares características (…) en las que han participado personas ya procesadas y también otras que no habían sido identificadas”, indicó Picardi.

Los fiscales también solicitaron la inhibición de bienes de personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, con el objetivo de evitar el movimiento de activos mientras avanza la investigación.

En su dictamen, Picardi reiteró que la ANDIS funcionó como “una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente” para concentrar beneficios en determinados proveedores. La causa, que lleva siete meses, sigue en etapa de recolección de pruebas y análisis del circuito financiero asociado a las contrataciones.