Las federaciones docentes universitarias realizarán esta semana un paro nacional de cinco días para exigirle al Gobierno la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario, ya sancionada por el Congreso.

La medida, impulsada por la AGD-UBA, se desarrollará del 18 al 22 de agosto en todas las facultades, con adhesión variable según cada cátedra. Las autoridades confirmaron que los edificios permanecerán abiertos.

El paro de esta semana se suma a un conflicto que ya acumula meses de tensión y que podría escalar si no se aplica la Ley de Financiamiento y no se regulariza la deuda salarial reclamada por los gremios.

Reclamos por salarios y presupuesto

Además del cumplimiento total de la Ley, los gremios denunciaron una pérdida del poder adquisitivo en los salarios docentes y no docentes. También reclamaron la actualización de los presupuestos para hospitales universitarios y becas estudiantiles.

Desde AGD-UBA señalaron: “El Gobierno mantiene la deuda y los trabajadores de las universidades nacionales el plan de lucha”. Recordaron que el 5 de agosto, el congreso de la Conadu Histórica votó la continuidad del plan con un paro nacional durante esta semana y que la asamblea de AGD llevó como mandato la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado hasta que el Gobierno de Javier Milei pague “toda la deuda”.

Las federaciones informaron que, al cobrar el salario de julio en agosto, los trabajadores constataron que el Gobierno sigue sin aplicar la Ley, cuando la recomposición adeudada asciende a 31,2%, sin incluir el retroactivo desde la entrada en vigencia de la norma.

Una de las últimas asambleas de AGD rechazó la firma de “semejante entrega”, al considerar que el aumento ofrecido “era menos de la mitad de lo que les adeudan” y que, además, le otorgaba al Gobierno una herramienta “para seguir dilatando el cumplimiento de la ley y especialmente de la cautelar”.

El gremio cuestionó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y algunas federaciones celebraran el fallo judicial, cuando “en los hechos, seguimos sin cobrar lo que nos corresponde por ley”. Según AGD, estas novedades funcionan como argumento para frenar cualquier intento de lucha dentro del sector universitario.