El Gobierno Nacional, desde las carteras de Seguridad y Justicia, adelantaron que se encuentran trabajando en el proyecto de ley de baja de edad de imputabilidad que pretende enviar al Congreso de la Nación. Radio UNNE dialogó sobre la temática con Isidoro Sasson, abogado y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Nordeste.

“Discutir la baja de la edad de imputabilidad no es una cuestión nueva, de tanto en tanto se va volviendo a incluir en el centro del debate, dependiendo de la mayor o menor sensibilidad que tenga cada gobierno en torno a problemas de seguridad, o inseguridad”, reconoció el profesor Adjunto de Derecho Penal I (Cátedra B) de la Facultad de Derecho.

Sasson explicó que la edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel. En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980, esta edad se estableció en los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.

“A partir de una determinada edad, la persona se consideraba inimputable tomando como base que no tenían desarrollo madurativo suficiente. Esta idea que primó en la doctrina argentina, en la opinión de los juristas. También se incluía en un marco teórico en el que se consideraba el derecho tutelar orientado bajo la idea conceptual de medidas, más que de penas; pero que en realidad eran medidas que tenían contenido sancionatorio”, añadió.

Actualmente, los jóvenes de entre 16 y 18 años no son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años, pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.

El especialista expuso que un joven entre 13, 14 o 15 años es probable que comprenda el carácter lesivo de su acción, pero invitó a reflexionar sobre otros factores que se deben tener en cuenta. Consideró de relevancia “no hacer un tratamiento aislado del contexto de desarrollo de aquellos sectores altamente vulnerables de la sociedad, que se encuentran habitualmente en conflicto con la ley penal”.

El docente de la UNNE explicó que la criminalidad es producto de múltiples factores que determinan que una persona se encuentre ante una circunstancia de criminalidad, y aseveró que en los últimos tiempos las distintas reformas que se han ido incorporando en el país en términos penales o procesales están orientadas a establecer mayor rigurosidad al sistema.

“La rigurosidad de la pena no garantiza ningún efecto en la disminución de la criminalidad. Para un debido tratamiento de la cuestión es necesario desarrollar un verdadero proceso de investigación criminal, para hacer una evaluación de todas las cuestiones y determinar cuál es la edad que una persona debería tener una responsabilidad común u ordinaria en términos de la ley penal”, expuso Sasson.

El profesional del Derecho sostuvo que en Argentina no existen estudios nacionales actualizados sobre la situación de los adolescentes y la ley, pero puntualizó que el grueso de la población carcelaria en el país tiene un origen socioeconómico vulnerable, con limitaciones en la inclusión educativa y productiva y atrapado en el flagelo de las adicciones.

“Es positivo que las sociedades debatan, la ley vigente que tenemos en materia de régimen penal de menores es una ley que data de 1980 y el contenido no se corresponde con las nuevas concepciones que actualmente rigen en términos convencionales. Pero si se va a pensar la cuestión de la discusión de la punibilidad al margen de todo esto, se está haciendo un diagnóstico equivocado”, apuntó el docente.

Señaló que es necesario superar la visión de que el encierro de las personas en conflicto con la ley sea la única perspectiva de resolución del problema de la criminalidad: “Es difícil que una persona a los 14 años no tenga una comprensión de que matar está mal, pero cuando se razona de esa manera omite otra cuestión, de qué nos pasa como sociedad para que eventualmente un niño o niña empuñe un arma”, problematizó.

Sasson dirige proyectos de extensión universitaria vinculada a población carcelaria en Corrientes. En el 2021 junto con José María Arrieta, también docente en Derecho Penal, pusieron en marcha un trabajo destinado a internos e internas de las unidades penales N°1 y N°2 de la ciudad. Bajo el título “Seguir conociendo los derechos que la cárcel no te quita” desarrollaron actividades con la Red de Derechos Humanos para brindar información sobre los derechos educativos y sociales vigentes que no se encuentran limitados ante la ejecución de la pena privativa de la libertad.

Además, recientemente el Consejo Superior de la UNNE aprobó una nueva iniciativa extensionista denominada “El regreso a la libertad y alternativas a la prisión. Promover y gestionar la inclusión social”. Sasson y Arrieta junto con estudiantes, docentes y no docentes de la facultad de Derecho buscarán acompañar la reinserción social y restaurar lazos vinculares en personas que se encuentren bajo regímenes de salidas transitorias o en libertad condicional tras el cumplimiento de la pena. Se trata de un trabajo articulado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos y al Comité Provincial de Prevención Contra la Tortura.