Por eso este martes el juez describió que los llamados “kid pretos”, miembros de las fuerzas especiales, “estructuraron ese plan para atentar contra la vida” de Lula da Silva, Alckmin y De Moraes, con “armamento pesado del Ejército brasileño”.

A través de Mário Fernandes, que fue miembro de la Secretaría General de la Presidencia entre 2019 y 2022, durante el mandato de Jair Bolsonaro, la justicia de Brasil supo de “un plan tan detallado en el que se habla de armamento que sería usado, de posibles daños colaterales”, según De Moraes.

De hecho, Fernandes habría impreso el plan con lujo de detalles en noviembre de 2022, en una oficina del Palacio de Planalto, que es la sede del gobierno federal de Brasil, y lo habría llevado al Palacio de la Alvorada, que es la residencia oficial del presidente en Brasilia.

“El plan no se imprimió en una caverna, en una sala de terroristas. Fue impreso en el Palacio de Planalto, en la sede del gobierno”, remarcó el juez que investigó a Jair Bolsonaro.

El voto de De Moraes es sólo el comienzo: el resto de los jueces que integran el TSJ de Brasil deberán presentar sus posturas para el viernes de esta semana, lo que dejaría cementado el veredicto.