La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilitó a las fuerzas federales a realizar “ciberpatrullaje” en internet, incluyendo las redes sociales, para hacer inteligencia criminal y detectar posibles delitos o prevenirlos. Con ese fin, publicó una resolución en el Boletín Oficial, porque la decisión se mete en la Ley de Seguridad Interior. Bullrich reconoce en el texto que hay un vacío legal sobre este tema porque resoluciones firmadas por ella cuando era ministra de Mauricio Macri fueron derogadas por la gestión de Alberto Fernández.

Con esta nueva resolución publicada hoy, la 428/2024, las fuerzas federales abordarán delitos que van desde venta de armas a explotación sexual. La determinación generó controversia. Uno de los especialistas consultados por LA NACION sostiene que la resolución en líneas generales viene a dar marco normativo a algo que ya existe, que es el mundo digital. Y que si bien en líneas generales está bien, hay tres incisos de dos artículos que podrían ser inconstitucionales.

La resolución estipula que se busca la prevención de delitos en el mundo del ciberespacio y agrega: “Que dicho plan establece los lineamientos generales de las políticas públicas relacionadas con las responsabilidades referentes al ciberespacio y su impacto en la seguridad nacional. Que se necesitan adoptar acciones sostenibles y estratégicas que permitan afrontar de la forma más práctica los flagelos relacionadas con los delitos informáticos de manera integral”.

La ministra resalta que las investigaciones deberán limitarse a sitios de acceso público: “Especialmente en redes sociales de cualquier índole, fuentes, bases de datos públicas y abiertas, páginas de Internet, Dark-Web y espacios de relevancia de acceso público”. También destaca que el monitoreo se hará en medios de carácter no sensible y sin clasificación de seguridad, “cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas”.