El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) publicó un duro comunicado en el que declaró el estado de emergencia en la especialidad y advirtió que, por la crisis que atraviesa el sector, peligra la posibilidad de colocar stents o efectuar angioplastías. Según denunció la entidad, ya se están reprogramando prácticas y hay demoras de varios meses, por lo que reclamó soluciones a mediano plazo, ya que sino “toda la actividad va a verse paralizada”.
Cuando se realiza precozmente, la colocación de stents es “el tratamiento más eficaz para disminuir la mortalidad del infarto de miocardio”, además, “el tratamiento por catéteres del accidente cerebrovascular realizado en las primeras horas del inicio de los síntomas logra disminuir, no solo la mortalidad, sino también el grado de incapacidad que puede quedar luego del mismo”, subrayó el comunicado. Los insumos necesarios para estas intervenciones “no se fabrican en el país”, indicaron los especialistas, y advirtieron que requieren de “profesionales altamente entrenados”.
“El aumento exponencial del costo de los equipos y los insumos médicos, la baja sistemática de los honorarios profesionales están mostrando ya consecuencias indeseables, como lo son la reprogramación de prácticas y la demora en realizar las mismas, dilatándolas por largos meses, lo que evidentemente pone en riesgo la salud del paciente. De no mediar una solución en el mediano plazo, toda la actividad va a verse paralizada, generando un impacto incalculable sobre la salud de la población a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina”, advirtió el CACI.
Juan José Fernández, presidente del Colegio y cardioangiólogo intervencionista, señaló que “está en crisis la atención de las urgencias” por infartos coronarios y otras condiciones cardiológicas y cerebrovasculares. “Los especialistas, en lugar de concentrarnos en la realización del procedimiento, tenemos que estar pendientes de conseguir los insumos mínimos necesarios para su realización y, muchas veces, trabajar en condiciones muy precarias”, informó.
El CACI destacó que la diferencia salarial que existe en comparación con otros países provoca que muchos profesionales emigren. “En Argentina, hay una gran dificultad en sostener el trabajo por las pobres condiciones a las que son sometidos estos profesionales. A eso se le suma que en la mayoría de los casos los médicos cobran a los 90, 120 y a veces 150 días después de asistir al paciente, sin ningún tipo de interés ni indexación”, alertaron.
“El costo de los equipos y de los insumos han aumentado en forma exponencial —entre un 300 y un 500%—; estos incrementos no se han visto reflejados en los centros asistenciales donde se realizan estos procedimientos y que las Obras Sociales y Sistemas de Medicina Privada pagan”, se reveló. Asimismo, los médicos aseguraron que los centros de salud están cobrando “por las prácticas menos de la mitad que los colegas latinoamericanos y una cuarta o quinta parte de lo que se paga en Estados Unidos”. Esto afecta “no sólo a los médicos, sino que las instituciones se quedan sin márgenes para renovar equipos e infraestructura”.
Según el comunicado, se están dando las condiciones para una “tormenta perfecta sobre esta imprescindible disciplina médica que atiende y asiste a una porción importante de la población”. Rubén Kervorkian, un destacado cardiólogo intervencionista, indicó que las afecciones cardíacas y vasculares “son la principal causa de muerte en la Argentina”. Según el Ministerio de Salud de la Nación, “en 2022 se registraron en nuestro país 110.062 fallecimientos por las enfermedades del sistema circulatorio, entre las que se incluyen las hipertensivas, isquémicas del corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares”, entre otras.
Por su parte, Alejandro Palacios, expresidente de la entidad, sumó que “toda esta situación grafica claramente que la medicina está desatendida, y no por los propios médicos, que hacemos esfuerzos sobrehumanos —muchas veces trabajando sin los recursos mínimos necesarios— sino por el propio sistema y por las autoridades que deben velar por brindar un servicio de calidad a la población”.