Es el décimo juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Chaco y esta causa es conocida como “Conscriptos” porque dos de las víctimas, Ramón Luque y Ricardo Uferer, cumplían el Servicio Militar Obligatorio cuando fueron secuestrados por efectivos del Ejército.

Duilio Ramírez, abogado de la querella que sigue la provincia de Chaco en el juicio de lesa humanidad de la causa “Conscriptos” que se desarrolla en Resistencia, consideró que los testimonios brindados a lo largo del debate “son contundentes” y se mostró confiado en que los imputados recibirán condenas cuando el próximo 1 de julio se dé a conocer el veredicto de este proceso.

“Los 10 acusados fueron reconocidos por diversos testigos. Los testimonios son contundentes y presentamos las pruebas documentales, por eso tenemos las expectativas de que sean condenados”, contó a Télam Ramírez, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco.

Es el décimo juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia y esta causa es conocida como “Conscriptos” porque dos de las víctimas, Ramón Luque y Ricardo Uferer, cumplían el Servicio Militar Obligatorio cuando fueron secuestrados por efectivos del Ejército.

El Tribunal está integrado por Noemi Marta Berros, Liliana Graciela Carnero y Roberto López Arango e intervienen los fiscales Diego Vigay y Walter Romero y las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Chaco. Además, los magistrados se pronunciarán por los crímenes contra Santiago Almada, Saturnino Ferreira y Norma Beatriz Medawar.

En este juicio se ventilaron delitos de lesa humanidad perpetrados entre 1974 y 1979 contra cinco detenidos que estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención (CCD) de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial y en la Alcaldía policial de Resistencia.

Este proceso oral y público, iniciado el pasado 20 de abril, transita su etapa final y el próximo jueves los acusados tendrán la posibilidad de brindar sus últimas palabras ante el Tribunal, que quedará en condiciones de dictar un fallo.

La fiscalía pidió en su alegato penas que van de los 10 hasta los 18 años de prisión efectiva -de acuerdo al grado de responsabilidad- para los cuatro exmilitares y seis expolicías identificados como autores de privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados.

Los imputados por los crímenes a los exconscriptos son el exsargento policial Gabino Manader y el exoficial del Ejército Aldo Héctor Martínez Segón, que podrían enfrentar 15 años de prisión. También el exjefe de la Brigada de Investigaciones José Francisco Rodríguez Valiente, el excomisario Juan de la Cruz López, el exguardia Miguel Ángel Vittorello, el excabo de la Policía provincial José Marín y los exoficiales del Ejército Luis Alberto Patetta y Ricardo Guillermo Reyes, por quienes se pidieron doce años. Y el exoficial del Ejército Ernesto Jorge Simoni, para quien la fiscalía solicitó 10 años de prisión.

En tanto, el expolicía Carlos Domingo Mora podría enfrentar la pena más alta de 18 años por los crímenes contra Almada, Ferreira y Medawar.

Durante el tiempo que las víctimas estuvieron cautivas fueron sometidos a distintos tormentos, tanto físicos como psicológicos, y fueron forzados a presenciar la muerte y tortura de muchas personas que se encontraban secuestradas.

En el centro clandestino de detención de Brigada fue donde estuvieron las víctimas que luego serían ejecutadas en “La Masacre de Margarita Belén”, perpetrada por fuerzas represivas el 13 de diciembre de 1976, cuando mataron a 11 militantes y otros cuatro fueron desaparecidos.

Por su parte, los acusados negaron los cargos a lo largo de las audiencias de este juicio, y varios de ellos se encuentran cumpliendo condena por otros delitos de lesa humanidad en causas como “Margarita Belén” y “Caballero I y II”.

“Se declaran inocentes, declaran que ellos no fueron o que no estuvieron ahí. No demuestran ninguna señal de arrepentimiento, ni empatía”, subrayó Ramírez al respecto.

En todo el país cientos de conscriptos sufrieron torturas y muchos de ellos la desaparición durante la última dictadura.

En aquel entonces, un procedimiento común era asociar con posibles subversivos a quienes se destacaban por su destreza en el uso del armamento en los entrenamientos.

Luque y Uferer eran militantes de la Juventud Peronista (JP) de Chaco, se conocían de la escuela secundaria y ambos ingresaron al Servicio Militar Obligatorio en 1976 dentro del Regimiento de La Liguria y en el Grupo de Artillería 7, y fueron secuestrados con apenas 10 días de diferencia en el mes de junio.

“Tenían 20 años cuando entraron y salieron con 26 y 27 años. Pasaron tanto tiempo presos que cuando recuperaron la libertad, de cuatro días que habían vivido, uno lo habían pasado en cautiverio. Se llevaron sus mejores años y hubo un especial ensañamiento con ellos”, afirmó el abogado querellante.

“Había períodos de mucha represión interna, nos trataban de destruir psicológica y físicamente, pero nos manteníamos con la esperanza de sobrevivir que era lo único que podíamos hacer”, rememoró Uferer, quien en su declaración reconoció a Manader, López, Segón, Simoni, Marin, Vitorello, Reyes y Patetta gracias a los pocos momentos en que podía estar sin los ojos tapados con una venda.

En 1977 ambos jóvenes fueron llevados al penal militar y centro clandestino La Rivera en Córdoba, como una estrategia para “profundizar el desarraigo” de los prisioneros.

Allí solo permanecieron cuatro meses. No están claros los motivos, pero se cree que hubo una desinteligencia que obligó regresarlos. En diciembre de ese año fueron llevados nuevamente a Chaco y detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia donde se les dictó el sobreseimiento ya que estaban acusados por participar en actividades subversivas. Quedaron a disposición del Poder Ejecutivo.

Finalmente, en 1981 fueron trasladados nuevamente a Córdoba para someterlos a un Consejo de Guerra que los dejó en libertad en octubre de 1982. “El domingo 17 de octubre nos llevaron a Córdoba y luego nos dejaron en libertad y recién ahí pudimos ir a Resistencia. Fue un lindo momento volver a mi casa, ver a mi familia, habían cambiado muchas cosas”, recordó Luque, quien también recuerda haber vivido como un proceso “sanador” referirse en el juicio a los tormentos que había padecido.

Actualmente, los exconscriptos Luque y Uferer están jubilados y viven en Resistencia. Siguen en contacto y se refieren entre sí como “hermanos”.

“Con los compañeros con los que uno vivió cosas tan profundas queda mucho afecto y hemos pasado todo como uno solo”, afirmó Uferer.

A pocas semanas de la sentencia, ambos tienen la esperanza de que finalmente haya una condena para los acusados.

“Para mí y mis compañeros esto es muy importante”, reflexionó Uferer, al advertir que “todos los juicios en los que declaramos y damos testimonio tienen un gran sentido porque es ir construyendo todo el rompecabezas de nuestra historia reciente. Es un aporte a la consolidación de la democracia. Todo lo que ocurrió no puede quedar impune”, reflexionó.