Con ayuda de EEUU, investigan a empresas con sub y sobrefacturación

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La Justicia argentina cruzó información con Estados Unidos sobre empresas que presentan irregularidades de subfaturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, al tiempo que la Aduana radicó denuncias en ese sentido.

La DGA avanzó con la fiscalización a empresas y radicó las denuncias pertinentes ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a este tipo de maniobras.

“Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud de la denuncia iniciada con fecha 23 de junio del corriente, por el Departamento Valoración y Comprobación Documental de Importaciones de la DGA-AFIP”, se señaló en el documento judicial.

La denuncia es “por el presunto contrabando de importación, agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones, y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de aquellas actividades ilícitas”.

Además, se indicó que todas ellas “habrían aplicado al mercado económico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado -de forma indebida- divisas al exterior”.

La advertencia de Massa

Estas acciones van en líneas con lo advertido en la semana por Sergio Massa, ministro de Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura, Ganadería y Pesca, durante la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia que se realizó en Neuquén.

Tras anunciar una serie de medidas para fomentar la exploración y producción de hidrocarburos en Vaca Muerta, Neuquén, Massa señaló: “Pero cuidado, que el Estado de ventajas no quiere decir que sea bobo. Los que usen bancos de Estados Unidos para sobrefacturar, los vamos a denunciar en la justicia de allá y de acá”

“Desde la Aduana denunciamos a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares”, afirmó.

El ministro precisó que “son 722 las empresas que están siendo informadas; el perjuicio al Estado es de casi US$ 1.000 millones”.

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