Luego de la conmoción generada por la destitución de la ex jueza Julieta Makintach, envuelta en un escándalo judicial durante el primer debate, la causa por la muerte de Diego Armando Maradona finalmente tiene fecha a la vistal. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro definió este martes, por unanimidad, rechazar los planteos de nulidad interpuestos por las defensas y confirmar la continuidad del proceso. De esta manera, el segundo juicio oral comenzará formalmente el próximo 17 de marzo, con un cronograma de tres jornadas semanales estipuladas para los martes, miércoles y jueves.
La decisión fue tomada por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tras una audiencia clave que comenzó minutos antes de las 11 de la mañana, y que contó con la presencia de tres de las hijas del astro: Jana, Dalma y Gianinna. También asistieron dos de los imputados: Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, y Mariano Perroni, nexo con la empresa de internación domiciliaria Medidom.
El debate previo estuvo marcado por una fuerte tensión legal. El abogado Nicolás D’Albora, defensor de Forlini, solicitó la suspensión de la audiencia argumentando que el proceso “ya muy insano está” y citó la falta de confianza en los jueces técnicos tras el escándalo protagonizado por la ex magistrada Makintach. En esa línea, pidió que su clienta sea juzgada por un jurado popular, alegando que la fragmentación del caso en dos juicios distintos genera un “riesgo cierto de sentencias contradictorias”.
Otros defensores se sumaron a la ofensiva. Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, planteó la “nulidad absoluta” de la convocatoria, sosteniendo que su cliente nunca renunció formalmente a su derecho de ser juzgado por un jurado popular. Por su parte, Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, reclamó la incorporación de tres pericias de la Asesoría Pericial de San Isidro que, según él, descartan el dolo y cualquier “plan criminal”, contradiciendo los informes de la Policía bonaerense de 2021.
Por su parte, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, aseguró que los abogados defensores tienen como único objetivo “que el juicio no se haga” y comparó la situación con el “Juego de la Oca”, donde se avanza un casillero para retroceder diez. En sintonía, Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, calificó los planteos como “reiterados” y carentes de seriedad, enfatizando el derecho de las víctimas a obtener justicia en un plazo razonable.
Tras un cuarto intermedio, los magistrados desestimaron los argumentos de las defensas al considerar que “no existe un agravio concreto” que justifique frenar el debate. Con el camino despejado, las partes acordaron depurar la lista de testigos para agilizar el nuevo juicio, comprometiéndose a conformar una nómina única que evite duplicaciones innecesarias.