Las universidades nacionales mantienen vigente el reclamo ante el Poder Ejecutivo por la actualización de las partidas presupuestarias, tras el acuerdo discrecional con la Universidad de Buenos Aires. Rectores ratificaron que en el resto del país hay 1.900.000 estudiantes que aguardan una respuesta para que el acceso a la educación superior sea garantizado. Radio UNNE dialogó con el rector Omar Larroza, quién destacó como positivo que el Gobierno Nacional haya reconocido el porcentaje de actualización que las universidades públicas nacionales reclaman desde el inicio del año. Sin embargo, advirtió que se trata de una “clara discriminación” y llamó a sostener el interés colectivo del sistema de educación superior.

Larroza participó del último encuentro del Comité Directivo del Consejo Universitario Nacional (CIN) y ratificó que los rectores y rectoras sostienen una vocación de diálogo, pero que no se descartan otras vías de resolución del conflicto: “El comunicado del CIN es muy duro y estamos evaluando otras medidas, como ir a la Justicia. Es una de las alternativas y nos estamos asesorando para analizar si las presentaciones pueden ser individuales o colectivas”.

Desde el CIN calificaron de “inadmisible y provocadora” la medida adoptada para la UBA y el rector de la UNNE remarcó en diálogo con la 99.7 que se trata de una “decisión arbitraria que posterga al 85% del sistema universitario nacional, son casi 1.900.000 estudiantes” y recordó el espíritu federal del reclamo: “A lo largo y lo ancho del país hubo casi 70 marchas con gran volumen de convocatoria, no fue sólo representativo lo de la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre la actualidad de la UNNE, Larroza explicó que se realizan esfuerzos para el aprovechamiento de las partidas presupuestarias con las que cuenta la universidad durante el 2024, pero que los aumentos otorgados a la fecha son insuficientes para retomar la ejecución de obras. Sin embargo, los programas esenciales y las ayudas a la comunidad a través de becas de comedor, de estudio y el sistema de residencias están garantizados.

La autonomía y la autarquía universitaria, en riesgo

En el comunicado emitido por el CIN, reclamaron a la gestión del presidente Javier Milei que la crisis de financiamiento “no es solo un problema de recursos, es también de principios”, y reafirmaron que no convalidarán “ningún intento de división” dentro del sistema universitario público nacional, que busca garantizar el acceso a la educación a 2.000.000 de ciudadanos y ciudadanas.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN, Oscar Alpa, aseveró en diálogo con la 99.7 que sostienen ante el Gobierno Nacional los mismos reclamos que movilizaron a la sociedad argentina durante la marcha federal en defensa de la educación pública superior: congelamiento presupuestario, recomposición salarial de docentes y no docentes, financiamiento para el sistema científico, reactivación de obras de infraestructura y el apoyo a los y las estudiantes a través de becas.

“Se está afectando una garantía constitucional, que es la autonomía y la autarquía universitaria”, advirtió en conversaciones con Radio UNNE y coincidió que el aumento de las partidas para la UBA representa un acto de discriminación. “Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero también es cierto que ya estamos llegando a mitad de año. La situación no da para más, es urgente. La marcha no fue en contra de un presidente, sino a favor de las universidades”, añadió.

Alpa consideró que la actualización presupuestaria para la UBA de un 270% en gastos de funcionamiento implica un reconocimiento de la legitimidad del reclamo que sostiene el sistema universitario, en tanto reafirmó el acompañamiento para que el Congreso sancione una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario, para que no se repita este escenario en el 2025.

Mientras mantienen negociaciones, que están a cargo de la Secretaría de Educación, liderada por Carlos Torrendell, y del Ministerio de Capital Humano, administrado por Sandra Pettovello el vicepresidente del CIN añadió: “También pedimos al Congreso de la Nación que se avance en el trabajo de comisiones y pueda aprobarse una legislación. En estos momentos hay cinco proyectos de diferentes bloques para garantizar el financiamiento universitario”.

Además, Alpa ratificó que desde el CIN se encuentran en etapa de asesoramiento técnico y legal para avanzar por vías judiciales para que se garantice el financiamiento educativo en el resto de las universidades del país, en tanto se mantienen en sesión permanente y a la espera de una respuesta favorable por parte del Ejecutivo Nacional para la próxima semana, sobre aquello que los rectores y rectoras expresaron en su carta abierta: “No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”.