Estos conceptos también son compartidos por miembros del kirchnerismo que, si bien eran críticos del ex ministro, consideran que “se fue haciendo daño al país”.

En medios internacionales también se realizó una lectura crítica de la salida del ministro. “Guzmán se presentaba como el garante de políticas mesuradas en la Argentina y ahora deja su cargo sumiendo a la economía en una mayor incertidumbre”, sostuvo un operador en Nueva York. Es más, no se entiende porqué Guzmán siguió avanzado en conversaciones con el Club de Paris si, como dicen en su entorno, ya había tomado el jueves pasado la decisión de dejar su cargo.

Con todo, en el entorno presidencial se comenta que “o Alberto no entendió las señales que le dio Guzmán o Guzmán no fue suficientemente claro en cuanto a su intención de renunciar”. Lo concreto, sostienen, es que “al renunciar el ministro más defendido por el presidente no sólo lo pone en el brete de tener que elegir un reemplazante, tarea ya de por sí difícil, sino que agrava el enfrentamiento entre Alberto y Cristina”.

Respaldo

El sucesor de Martín Guzmán en el ministerio de Economía necesitará de un amplio respaldo político, coinciden en señalar tanto economistas como miembros del gobierno nacional.

Al respecto apuntan que, con un mínimo nivel de reservas en divisas, sin financiamiento externo, con crecientes dificultades para conseguir crédito en pesos y limitaciones para continuar emitiendo, el futuro titular del Palacio de Hacienda deberá llevar adelante una política de racionalización del gasto público para alcanzar un déficit fiscal “financiable”. Y, desde ya, consideran que será clave el apoyo del presidente.

Cabe recordar que, según el Fondo Monetario Internacional se debe pasar de un crecimiento del gasto público– por encima de la inflación – de casi 13% en el primer semestre a una contracción de cerca de 8% en el segundo, proceso que supone la aplicación de una severa disciplina fiscal.

En el segundo trimestre del año, la Argentina cumplió con las metas fiscales acordadas con el FMI, según afirmó Guzmán antes de dejar su puesto. Lo que no aclaró es que se logró sobre la base de una importante postergación en los gastos, del orden de los 150.000 millones de pesos, según trascendió.

El referido informe del FMI también señala cuáles son los sectores del gasto público que aumentarían y por dónde vendrían los recortes. A la luz del aumento en los precios internacionales de la energía y la demora en el ajuste de las tarifas (agravada por la retrasada segmentación propuesta por Guzmán) se calcula que los subsidios económicos pasarían de representar 2,2% del PIB a 2,6%.

La mayor inflación, particularmente por la suba en los precios de los alimentos, llevaría, asimismo, a un incremento en los gastos sociales, de 3,2 a 3,5% del producto.

A cambio, el ajuste recaería sobre las jubilaciones – el gasto en pensiones bajaría de 2,2% del PIB a 1,8%- que se verían licuadas por la aceleración inflacionaria, como así también sobre la obra pública. De esta forma, los gastos de capital pasarían de 2,2% a 1,8% del producto. Cabe señalar que, con relación al año pasado, significaría mantener el ritmo de las obras públicas, pero de todas formas supondría un conflicto con relación a los proyectos ya comprometidos.