Diputados aprobó la ley de Financiamiento Universitario y el apoyo al Garrahan

En medio de movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia de salud pediátrica, provocada por la situación en el Hospital Garrahan. Al filo de la presentación de las alianzas electorales para las elecciones nacionales, los acuerdos sellados entre La Libertad Avanza y los gobernadores rindieron sus frutos pero hubo rebelión de PRO y de algunos mandatarios. Avanzaron los emplazamientos de las propuestas impulsadas por las provincias.

La sesión de este miércoles fue un revival del 2024, cuando la oposición logró sancionar una ley universitario en igual sentido pero recibió el veto de Javier Milei y un posterior blindaje legislativo celebrado con un asado para los “87 héroes”. Ante la ausencia de Presupuesto por segundo año consecutivo, la oposición avanzó con la aprobación de la iniciativa que busca ampliar las partidas presupuestarias para gastos de funcionamientos y las becas, así como también la recomposición de los salarios. Fue con 158 a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, a un voto de los dos tercios.

En tanto a la declaración de emergencia en salud pediátrica por dos años, se propone la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos. Este proyecto contó con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando por cinco apoyos los dos tercios.

El debate sobre el costo fiscal fue el eje del argumento libertario. Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la medida para hospitales implicaría un gasto adicional por parte del Ejecutivo, entre julio y diciembre, de $65.573 millones y añade: “Anualizada esa erogación alcanzaría $133.433 millones”. En tanto que el universitario, la OPC no hizo una estimación pero, según el cálculo de la oposición, el gasto es de un 0,14 % del PBI ($1059 millones), mientras que para el oficialismo, superaría los $1500 millones.

Ambos proyectos deben ser tratados por el Senado para su sanción definitiva. El dato es que las dos propuestas estuvieron cerca o superaron los dos tercios, número que se requiere para insistir con la iniciativa ante el eventual veto de Milei. Acompañaron la iniciativa el grueso de la UCR, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el FIT.

Sin obstrucciones del oficialismo, avanzó el proyecto impulsado por los gobernadores para garantizar un reparto automático a las provincias del 1% los ATN se tratará en la Comisión de Presupuesto el miércoles 13 de agosto a las 12 horas. Cuatro horas después, un plenario entre esa comisión y la de Energía abordará la propuesta que elimina tres fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado) y tres fondos (Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; Nacional de la Vivienda) y fija para las provincias una mayor participación en la distribución del impuesto a los combustibles. La oposición buscará dictaminar ambas iniciativas para tratarlas en sesión el 20 de agosto.

Acuerdos con la UCR

En 2024, la bancada que conduce Rodrigo de Loredo acompañó el proyecto universitario y rechazó el veto en su totalidad. La excepción, en esa instancia, fue el cornejista Lisandro Nieri. El mendocino se había abstenido al momento de la votación de la ley. Pero, el día en que se sometió a votación el veto de Javier Milei, se inclinó por la insistencia de la ley. Diez meses después, los diputados que responden al gobernador radical Alfredo Cornejo cambiaron de postura. Nieri, que estuvo presente durante la sesión, optó por ausentarse al momento de la votación. Su coprovinciana Pamela Verasay, que había acompañado la ley primero en 2024, en esta oportunidad también se ausentó.

Pero los dos mendocinos de la UCR no fueron los únicos que votaron en contra del financiamiento universitario, pese a tratarse de una de las banderas del partido centenario. El chaqueño Gerardo Cipolini, en tanto, estuvo ausente el día de la votación de la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero luego, el día que se trató el veto, insistió con la ley.

Al igual que los cornejistas, Cipolini, que responde al gobernador Leandro Zdero, cambió de postura 10 meses después. Casualmente, los tres diputados responden a gobernadores de la UCR que llegaron a alianzas electorales con La Libertad Avanza de cara a los comicios de octubre. En tanto, los “radicales con peluca” que días atrás concretaron el armado de un interbloque con La Libertad Avanza rechazaron la ley, tal cual hicieron el año pasado.

Las sorpresas en el PRO y los gobernadores

En el PRO también hubo algunos legisladores que se desmarcaron de la postura que fijó el bloque que conduce Cristian Ritondo. La decisión de Álvaro González no sorprendió. El larretista suele diferenciarse de sus compañeros de bloque. La que sí llamó la atención, por caso, fue la macrista Germana Figueroa Casas, que en 2024 –pese a ser docente universitaria— no había acompañado la ley ni su insistencia. En esta ocasión, la rosarina se abstuvo.

“En el debate sobre el financiamiento universitario hay un problema real que no se resuelve con slogans. Los salarios tocaron un piso. Hace falta diálogo y soluciones. No se trata de gritar más fuerte, sino de hacerse cargo”, declaró la diputada. La respuesta provino del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien dijo: “Tenemos un kirchnerismo de buenos modales y un kirchnerismo que va al frente, los dos son lo mismo. ¿Qué quieren hacer? Romper el equilibrio fiscal de Milei”.

También sorprendieron las amarillas Ana Clara Romero, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y Karina Bachey. Ambas habían rechazado la ley el año pasado. En esta oportunidad, al igual que la rosarina, se abstuvieron. Dentro de los representantes de los mandatarios de “Provincias Unidas” los legisladores de Santa Cruz tuvieron una posición ambivalente: uno a favor y otro en contra. En cambio, los cinco cercanos a Llaryora, los tres vinculados a Sadir y la diputada que responde a Pullaro respaldaron la ley.

Otro de los diputados que se inclinó por la abstención fue Francisco Morchio, quien responde al gobernador del PRO, Rogelio Frigerio. De todas maneras, el entrerriano ya había acompañado la ley el año pasado. Y, al mismo tiempo, había rechazado el veto del Presidente. El quinto diputado que optó por la abstención fue el porteño Ricardo López Murphy, quien ya anticipó que dará la pelea por su reelección en los comicios de octubre.

La postura de los mandatarios también repercutió en el apoyo de sus brazos legislativos en las votaciones por universidades. El cambio de postura del tucumano Jaldo se notó en el bloque Independencia, cuyos tres miembros votaron a favor luego de más de un año y medio alineado con Casa Rosada. Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), referenciada con el sanjuanino Orrego, también lo acompañó; misma postura que los alineados con el salteño Sáenz (Calletti, Outes, Vega).