El Ministerio de Economía derogó 43 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria. Esta normativa tiene como objetivo “modernizar las políticas públicas vinculadas al comercio interno, reduciendo la burocracia y eliminando obstáculos que han generado ineficiencia y costos innecesarios para productores y consumidores”, indica el texto oficial.

La administración de Javier Milei aclaró que se trataba de normas sin uso en la actualidad, pero que al estar vigentes dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a “requerimientos sin sentido”.

Así fue oficializado mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, conducida por Pablo Lavigne. Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. Asimismo, establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.

A su vez, se derogó “una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno”, señalaron fuentes oficiales.

Las normas derogadas

Las normas listadas abarcan una variedad de regulaciones que impactaban “precios, burocracia y programas inactivos o en desuso“. Estas medidas se clasifican en los siguientes grupos principales:

• Regulación de precios y control de mercadosEstas normas imponían precios máximos y controles que limitaban la libre competencia:
  • Carne vacuna: Resoluciones 1/2006 y 38/2008 fijaban precios para toda la cadena.
  • Lácteos: Resolución 26/2007 obligaba a industrias lácteas a acordar precios con el Gobierno.
  • Papel para diario: Resolución 1/2010 establecía precios igualitarios.
  • Televisión paga: Resolución 50/2010 regulaba tarifas con fórmulas estatales.
  • Programas como Super Cerca (Resolución 991/2021) y Precios Justos (Resoluciones 823/2022 y 1077/2022) buscaban contener precios, pero fueron considerados distorsionadores del mercado.
  • Otros controles de precios abarcaban productos específicos, como compensaciones en papa (Resolución 155/2007) y leche (Resolución 170/2008).
• Programas y medidas obsoletasNumerosos programas quedaron en desuso o sin operatividad práctica:
  • Mercado en tu Barrio: Resoluciones 1/2016 y 32/2021, que buscaban acercar alimentos a precios accesibles, ya no están vigentes.
  • Plan Productivo Verde: Resolución 352/2021, un programa para impulsar prácticas sustentables, se desactivó.
  • Programas de compensaciones para pequeños productores agrícolas (Resoluciones 126/2015, 175/2015 y 615/2015) y tamberos (Resolución 684/2014) quedaron sin aplicación.
  • Iniciativas vinculadas al sector aceitero, como el Programa de Fomento al Sector Aceitero (Resoluciones 30/2023 y 804/2023), también fueron eliminadas.
• Burocracia en homologación y requisitos técnicos
  • Neumáticos: Resolución 25/2007 imponía requisitos adicionales y redundantes que aumentaban costos y tiempos en el mercado. Su eliminación simplifica el proceso de homologación.
• Exigencias informativas sin utilidad concreta
  • Instituciones educativas privadas: Resoluciones 300/2009 y 312/2010 exigían información detallada sobre costos laborales y aranceles, pero no se usaban con fines específicos.
  • Cámaras empresarias: Resolución 813/2021 creó un observatorio para analizar datos, que no se tradujo en medidas útiles.
• Áreas técnicas desactivadas
  • Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE): Resoluciones 487/2020 y 9/2022 regulaban esta estructura, que ya no opera.
  • Unidad Ejecutora Argentina Productiva 2030: Resolución 236/2022, sin actividad actual.
  • Otros organismos y manuales relacionados también fueron eliminados por ser ineficientes.
• Otros programas y normativas sin vigencia
  • Programa Agropymes Sustentables (Resolución 142/2021) y otros incentivos productivos quedaron obsoletos.
  • Programas de promoción del mercado, como la red de mercados concentradores nacionales (Resolución 63/2011), se desarticularon al quedar sin sentido práctico.