El Gobierno anunció este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como organismo independiente y que todas sus funciones pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Según Adorni, la ANDIS —creada en 2017 para coordinar políticas públicas en discapacidad— acumuló con el tiempo “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, una crítica que cae bastante cerca del espíritu de gestión de este gobierno para todos los organismos públicos.
El funcionario aseguró que esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones para personas con discapacidad, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.
La absorción por Salud también incluye auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos —Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.
Aunque el anuncio se presenta como un gesto de orden institucional y transparencia, llega en medio de un escándalo por irregularidades que salpican al organismo, con investigaciones internas en curso y cuestionamientos sobre prácticas administrativas.