El Gobierno oficializó una reorganización del Gabinete con la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete, que queda bajo el mando de Diego Santilli. La decisión fue instrumentada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 571/2026 del 2 de julio y pone bajo la órbita del ministro coordinador la relación con gobernadores, provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires y el Congreso. La reforma también incorpora competencias sobre régimen electoral, partidos políticos, cuestiones interjurisdiccionales y políticas de descentralización del Estado.

La modificación había sido anticipada por Javier Milei después de confirmar el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. En una entrevista televisiva, el Presidente sostuvo que “gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere músculo político”. También definió al exministro del Interior como “un gran trabajador que conoce bien el oficio político” y marcó el peso que tendrá en la negociación con las provincias.

Con la nueva estructura, Santilli no solo queda a cargo de la coordinación diaria del Gabinete. También conserva el vínculo político con los gobernadores y suma mayor intervención en la relación con el Congreso, un terreno decisivo para el oficialismo. La Jefatura de Gabinete absorbe además los compromisos, obligaciones, bienes, personal y créditos presupuestarios del área eliminada.

Entre las funciones transferidas figuran la supervisión del Registro Nacional de las Personas, la coordinación de políticas vinculadas con zonas de frontera y el vínculo institucional con provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. También quedan bajo esa órbita asuntos electorales, reforma política, desarrollo regional, comunidades indígenas y políticas federales. El DNU incorpora además materias vinculadas con turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología.

La Casa Rosada argumentó que la reorganización busca eliminar estructuras administrativas superpuestas y mejorar la coordinación entre áreas. En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que los cambios son “impostergables para la gestión de gobierno” y justificó el uso de un DNU por “razones de gestión”. La norma rige desde su publicación en el Boletín Oficial.