El oficialismo se anotó los puntos necesarios para alcanzar la aprobación en general, pero la oposición mantuvo el cerco sobre la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

n una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido a último momento por el oficialismo.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayeron del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno.

La Libertad Avanza consiguió el quórum y buscó blindar el debate proponiendo una votación “por capítulos” para agilizar el trámite, pero se topó de frente con una muralla opositora: desde el radicalismo hasta la izquierda y el peronismo le exigieron votar “artículo por artículo”, una maniobra diseñada para exponer cada recorte y obligar a los aliados del Gobierno a dejar sus huellas en los ajustes más sensibles.

El clima se caldeó al instante con artillería pesada disparada desde la izquierda. Myriam Bregman no se guardó nada y denunció “extorsión con ATN” y “compra de votos” por parte de la Casa Rosada para disciplinar a las provincias. El reclamo por la votación nominal no fue técnico, sino político: la oposición buscó que quienes levanten la mano para desfinanciar universidades o áreas de discapacidad deban “dar la cara” individualmente, convirtiendo la sesión en un campo minado donde cada artículo aprobado tendrá un costo político con nombre y apellido.