El Gobierno confirmó la construcción de un alambrado olímpico en la localidad de Aguas Blancas en el norte de Salta, zona central de frontera con Bolivia. El objetivo principal de la medida es obligar que toda persona que desee entrar a Argentina pase por Migraciones, además de contener el contrabando en una zona caracterizada por ser un paso sin delimitación clara y controles efectivos entre ambos países.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aseguró que “el alambrado se colocará dentro del murallón preventivo que se utiliza cuando el río Bermejo crece” y que la idea es “delimitar claramente el acceso a migraciones para evitar que la gente pase por otros lugares sin control”.

El proyecto fue lanzado a partir del Plan Güemes, planteado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el diciembre pasado. La construcción estará a cargo del gobierno de Salta, con la supervisión de Nación.

Zigarán precisó que el plan es “generar un cerrojo en forma de ‘L’, en donde los gendarmes y militares de la Prefectura Naval eviten que las personas circulen hacia el sur de la terminal, obligándolas a recorrer el perímetro del alambrado hacia la oficina de Migraciones”.

Según el portal Voces Críticas de Salta, el proyecto planteado incluye un alambrado olímpico de 200 metros, que se extenderá desde la terminal de ómnibus hasta Migraciones. Tendrá una altura mayor a tres metros, con alambre de púas en la parte superior. Estará montado sobre postes de hormigón de cuatro metros y estarán reforzados con zócalos de hormigón.

La construcción del alambrado estará acompañado de un refuerzo de efectivos de seguridad, como Gendarmería y Prefectura. Se estima que la finalización del proyecto será en febrero.

Por su parte, la Cancillería boliviana publicó un comunicado en el que subrayó la importancia de tratar los temas fronterizos “por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”. Advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.

El ministro de Justicia local, César Siles, apuntó directamente contra el mandato del presidente Javier Milei, al cual calificó como “vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional”. Indicó que la medida fronteriza “iría en contra de los tratados internacionales” y pidió que organismos como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncien al respecto

Acto seguido, el Gobierno boliviano aseguró que pedirá mayor información oficial, a través de los canales diplomáticos, para evaluar las acciones pertinentes.