El titular del Palacio de Hacienda precisó que “recibimos 2700 obras (públicas), de las cuales el 77% eran por convenio y obras menores, como un cordón cuneta en Santiago del Estero, un techo de una pileta en alguna otra provincia, baños en un cementerio”. Y se preguntó ¿Qué tiene que hacer Nación con esas obras? Eso no es obra. Eso es política”.

Caputo señaló que estas obras se tienen que realizar, pero “las tiene que hacer el intendente o el gobernador. A nosotros nos costaba más la fiscalización de esas obras que la obra misma”. En este sentido, la administración central transfirió más de 900 obras a las provincias.

La decisión del Poder Ejecutivo de continuar con determinadas obras se da en un contexto en que la construcción es la rama de la economía que más sufre la recesión, en buena medida por la disminución en la inversión del sector público. Los datos de la Tesorería muestran que en mayo se registró una caída interanual de 82,8% en los gastos de capital, según la consultora ACM.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el INDEC arroja que en abril último experimentó una caída de 20% interanual. Se calcula que se perdieron unos 100.000 puestos de trabajo.

La situación de las empresas del sector se encuentra comprometida no sólo por la retracción de la actividad, sino también por la demora en los pagos del Estado. Según sostuvo el titular de CAMARCO, Gustavo Weiss, la deuda del Ejecutivo con las compañías del sector llega a $400.000 millones.