El Gobierno oficializó este viernes la flexibilización para la entrega de información tributaria y avanzó así en la implementación del nuevo régimen del Impuesto a las Ganancias. Las medidas comenzarán a regir desde el 1 de junio.
El Decreto 353/2025 publicado en el Boletín Oficial aborda entonces un conjunto de medidas orientadas a la “simplificación y desregulación” del sistema tributario y administrativo, con el fin de promover “la recuperación económica, fomentar la formalización de la economía y facilitar la inversión”.
Según menciona el texto oficial, estas acciones forman parte de un plan integral que busca simplificar el sistema tributario y reducir la “burocracia que afecta tanto a ciudadanos como a empresas”. El Gobierno considera que uno de los principales problemas que enfrenta la Argentina es la alta concentración tributaria y asegura que “un pequeño grupo de grandes contribuyentes aporta la mayoría de la recaudación, mientras que la elevada carga fiscal sobre el sector formal generó un incremento importante de la economía informal. Esto genera desigualdad, limita el acceso a derechos laborales y sociales, y dificulta el desarrollo económico del país”.
En respuesta, el Gobierno impulsa un proceso de simplificación tributaria y administrativa para reducir la presión fiscal y los costos burocráticos, promoviendo así la formalización de actividades económicas y facilitando la inversión. Para ello, se creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que reemplazó a la antigua Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objetivo de modernizar y optimizar la gestión tributaria.
Entre las medidas concretas se encuentra la implementación gradual de una modalidad simplificada y opcional para la declaración del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y sucesiones, basada en la información ya disponible en la administración tributaria. Esto permitirá reducir la carga administrativa para los contribuyentes y optimizar la fiscalización del organismo.
Además, se establece un Sistema de Finanzas Abiertas que permitirá, con consentimiento expreso, compartir información financiera entre ciudadanos y entidades del sistema financiero, facilitando el acceso al crédito y fomentando la inclusión financiera. Este sistema estará regulado por el Banco Central de la República Argentina.
En particular, el decreto señala que:
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El sistema tributario argentino está altamente concentrado y sobrecarga principalmente a un reducido grupo de grandes contribuyentes, lo que genera altos niveles de informalidad económica.
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Esta carga fiscal elevada ha provocado distorsiones estructurales que afectan la equidad económica y limitan el desarrollo.
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Para revertir esta situación, se propone simplificar el sistema tributario y reducir la burocracia administrativa, facilitando la formalización y mejorando la eficiencia del Estado.
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Se crea un programa para simplificar la presentación del Impuesto a las Ganancias para personas físicas residentes, basado en la información ya disponible en la agencia recaudadora.
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Se establece la creación de un Sistema de Finanzas Abiertas para que personas y empresas puedan compartir voluntariamente información financiera, con el objetivo de mejorar el acceso al crédito, la competencia y la inclusión financiera, bajo la supervisión del Banco Central.
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Se encarga a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la implementación gradual de estas medidas y la simplificación de normativas relacionadas con la fiscalización y presentación de impuestos.
Las medidas del Gobierno para fomentar el uso de “dólares del colchón”
El encargado de dar los detalles fue el titular de ARCA, Juan Alberto Pazo. Anunció que se derogarán los regímenes de información por el cual los comercios deben informar todas las operaciones que realicen. Tampoco estarán alcanzadas las ventas de autos usados, las expensas menores a $32.000, entre otras operaciones. Escribanos y agentes inmobiliarios no deberán brindar información al organismo recaudador.
Asimismo, se elevó el monto a partir del cual ARCA controlará las transferencias, que será de hasta $50 millones, y el retiro en efectivo será de hasta $10 millones. Las personas físicas podrán acordar depósitos a plazo fijo hasta $100 millones y las jurídicas hasta $30 millones sin verificación del ente. En tanto que los bancos tendrán prohibido exigir una declaración jurada a sus clientes.