El Gobierno Nacional decidió prorrogar la validez de un artículo clave de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, y los fondos correspondientes serán enviados a las provincias. Esta medida se produce después de controversias sobre recortes presupuestarios y justo un día antes de una reunión programada entre funcionarios gubernamentales y gobernadores.

La decisión se oficializó a través del Decreto 231/2024, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada de este jueves. Este decreto establece la extensión de la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con disposiciones de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias.

Y agrega: “teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo argumentó que debido a la ausencia de un Presupuesto para el año 2024, y la continuidad del presupuesto del año anterior, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Se señaló que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo dispuso durante un lapso de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”.

Vencido ese plazo se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector. “La asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”, subraya el Gobierno, en el Decreto firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros.

“La situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada. Por ello, resulta necesario dar continuidad a lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075”, agrega.